Se denomina Ecoembalajes España SA, pero todos la conocen por Ecoembes, que es su nombre comercial. Aunque la mayoría de los ciudadanos piensan que es la empresa pública que se dedica a gestionar el reciclado de envases que depositan en los contenedores azules y amarillos, en realidad se trata de un conglomerado corporativo con unos ingresos que superan los 500 millones de euros anuales –de los cuales dedica una parte importante a propaganda y publicidad– y que permite a un club selecto de directivos tener un sueldo digno de altos ejecutivos de compañías del Ibex.
Según los registros contables de Ecoembes a los que ha accedido MERCA2 durante el ejercicio 2017 (último año para el que hay datos disponibles), los diez miembros de la alta dirección de la compañía tuvieron una “remuneración total devengada” –es decir, incluyendo sueldos, Seguridad Social y primas de seguros– de 1,66 millones de euros. Esto supone que cada uno de estos ejecutivos cobra de media 166.000 euros anuales, una cifra que duplica lo que cobra el presidente del Gobierno y que está en la línea del salario que pagan las grandes multinacionales a sus directivos.
Como en teoría es una entidad sin ánimo de lucro, en los estatutos se especifica claramente que los miembros del consejo de administración no pueden obtener ningún tipo de remuneración por su labor, pero eso excluye al comité de dirección. El organismo que reúne a la alta dirección está formado por siete mujeres y tres hombres comandados por Oscar Martín, que es también el consejero delegado de Ecoembes desde marzo de 2014 y responsable de la refundación de la sociedad.
La plantilla de la corporación la componen un total de 149 empleados y el gasto de personal –eliminando los 1,66 millones de euros de los directivos, alcanza los 7,74 millones de euros. Esto supone que el sueldo medio de los trabajadores de Ecoembes roza los 52.000 euros incluyendo cotizaciones sociales, una cantidad nada despreciable para una entidad que se define como “social” y que cobra subvenciones.
En el consejo de administración del grupo se sientan miembros de multinacionales con mucho renombre, aunque para la mayoría la estructura corporativa de Ecoembes sea una gran desconocida. Su presidente es Ignacio González y representa a Nueva Pescanova, mientras que su vicepresidente es Xavier Orriols, consejero de Idilia Foods, que es el grupo alimentario que controla la familia Ferrero y que posee las marcas Cola Cao y Nocilla, herederas de la antigua Nutrexpa. Y el secretario del consejo es Ignacio Larracoechea en representación de Promarca, el lobby creado por las empresas para luchar contra el auge de los productos de ‘marca blanca’.
En cuanto al resto de consejeros, que ascienden a 14, ocupan sillones en el máximo órgano de gobierno de Ecoembes responsables de Coca Cola, Procter & Gamble, Pascual, L´Oreal, Lactalis, Carrefour y Mercadona, entre otras compañías de renombre. El hecho de que haya tantos directivos en el consejo de administración se debe a que Ecoembes representa sobre el papel los intereses de más de 12.000 empresas entre las que se encuentran fabricantes de envases de usar y tirar, así como de los productos que se venden con los citados envases, distribuidores y comercios.
UN MONOPOLIO QUE NO INCENTIVA EL RECICLAJE
El modelo de negocio de Ecoembes se fundamenta en la obligación legal que tienen las empresas de gestionar los residuos de los envases que ponen en el mercado, financiando su reciclado. La legislación propone cobrar una cantidad o canon en la venta de productos envasados que siempre acaba repercutiendo en el precio que pagan los compradores. Es decir, que se penaliza al usuario con independencia de que lleve el envase al contenedor adecuado. «Es el denominado sistema integrado de gestión (SIG), y Ecoembes es el SIG para los residuos de envases ligeros”, explica Alberto Vizcaino, consultor de sostenibilidad y gestión ambiental.
La razón de que sólo exista una entidad como Ecoembes que funcione de facto como un monopolio es, según la industria, que es más barato que gestionar de forma individual las obligaciones que establece la Ley en materia de gestión de residuos desde 1997, año en el que el Gobierno realizó la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva europea creada con el famoso lema de “quien contamina paga”. La industria del vidrio no se integró en Ecoembes y creó su propio SIG, denominado Ecovidrio.
Por lo tanto, son las economías de escala las que crean la obligatoriedad de pagar la cuota correspondiente a Ecoembes para que se encargue de la gestión de los envases y su posterior reciclado. Sin embargo, desde las asociaciones ecologistas se critica a la empresa por atacar el modelo alternativo que incentiva a los consumidores a reciclar mediante el pago por envase entregado. Es el denominado SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno) que es heredero del tradicional modelo que existía en España cuando los ciudadanos acudían a la compra con los envases de bebidas para devolverlos y obtener un descuento en la compra del mismo producto.
La organización ecologista Amigos de la Tierra acusa a Ecoembes de haber declarado la guerra mediática a los sistemas SDDR en España utilizando su poder mediático y músculo financiero. Para los detractores del sistema SIG, Ecoembes es un instrumento financiero que funciona como mero intermediario entre empresas y ayuntamientos (que son los que tienen la competencia de la gestión de residuos).
Además, las asociaciones que componen Amigos de la Tierra recuerdan que, dado que las empresas que deciden adherirse al SIG pagan una cuota en función del volumen y peso de los envases que comercializan, los ingresos de Ecoembes no dependen de reducir la contaminación, sino más bien de todo lo contrario. Cuantos más envases hay que reciclar más factura Ecoembes.
“De acuerdo con el art. 10.1 de la Ley de Envases, las empresas envasadoras adheridas al SIG financian el sistema aportando unas cantidades por cada unidad de producto envasa- do puesto en el mercado (éstas son conocidas como Tarifas Punto Verde) de tal forma que la recaudación obtenida se destina fundamentalmente a sufragar la recogida selectiva de los residuos de envases y su traslado a las plantas de separación y clasificación. Las entidades gestoras del SIG dan soporte técnico a dichas administraciones y financian económicamente el sobrecoste que suponga la recogida selectiva respecto la recogida de residuos tradicional”, explica Ecoembes en su memoria anual.
‘GREENWASHING’: USAR LA «SOSTENIBILIDAD» PARA HACER CAJA
Este peligroso incentivo a que aumenten los envases contaminantes en el mercado es lo que provoca que los detractores del modelo que abandera Ecoembes denuncien que el principal objetivo de la compañía es manipular a la opinión pública, dándo a los ciudadanos las herramientas para que tengan la conciencia tranquila aunque consuman multitud de productos de usar y tirar.
Para Amigos de la Tierra las campañas publicitarias de Ecoembes –que en la compañía denominan “de sensibilización”– se basan en el concepto anglosajón del greenwashing, es decir, un lavado de imagen para hacer pasar por “verde”, “ecológico” o “sostenible”, lo que en realidad no lo es. Este diario ha intentado recoger la opinión y valoración de los directivos de Ecoembes sobre estas acusaciones, pero no ha recibido contestación alguna.
La cuestión es más grave si se tiene en cuenta que no existen estudios fiables de carácter independiente que sirvan a todos los agentes del sector de referencia a la hora de evaluar la eficacia de los modelos SIG –el implantado en España por Ecoembes– y el SDDR. De hecho, mientras la compañía asegura que la tasa de reciclado con su sistema roza el 80%, la Alianza Residuo Cero rebaja ese porcentaje hasta situarlo en el 30%, muy lejos de los objetivos que determina la Unión Europea.
