El proceso de externalización que ha puesto en marcha el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, para reducir costes y aumentar la eficiencia del grupo pone en peligro 800 puestos de trabajo en España. Según confirman fuentes sindicales a MERCA2 esta es la cifra de empleados que podría salir de Naturgy de forma abrupta en los próximos años sin disfrutar de las condiciones económicas del proceso de desvinculaciones voluntarias pactado en el seno del comité de empresa.
Tal como avanzó en exclusiva MERCA2, los representantes de los trabajadores del grupo energético han convocado a los delegados sindicales que el grupo tiene en todo el territorio nacional a una concentración que tendrá lugar hoy miércoles en la sede madrileña de Naturgy en la Avenida de San Luís.
La principal petición que le hacen a Reynés es que se comprometa por escrito a mantener todos los puestos de trabajo afectados por la externalización y que también descarte públicamente que Naturgy vaya a lanzar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si no cumple los objetivos laborales del Plan Estratégico presentado el pasado año.
El sindicato con más representación en Naturgy, Unión Sindical Obrera (USO), ha decidido mantener la convocatoria a pesar de que la dirección de la compañía ha aceptado tener una reunión el próximo día 16 de abril para acercar posturas, tras la tensa negociación que se produjo la semana pasada y que concluyó sin acuerdo. Le acompañan SIE, CIG y CGT, mientras que CCOO –el segundo sindicato mayoritario en el grupo– y UGT han decidido dar margen de maniobra a Reynés y han enviado un comunicado a sus afiliados anunciando que no comparecerán en el acto de protesta.
La compañía sigue insistiendo en que la única vía de ajuste laboral será la de las desvinculaciones voluntarias, pero el acuerdo de garantías que debería recoger este compromiso no se ha firmado todavía, a pesar de que el presidente ejecutivo prometió a los sindicatos que se habría rubricado en el primer trimestre de 2019.
«Exigimos a Reynés que descarte totalmente el ERE»
“Lo que exigimos es que se descarte totalmente el ERE y que Naturgy nos asegure que en las nuevas sociedades que se crearán junto a empresas tecnológicas en el proceso de externalización el grupo se quedará al menos con el 51% del capital, de forma que todos los trabajadores que vayan a estas compañías sigan dentro del convenio colectivo de Naturgy”, señalan fuentes de la sección sindical de USO.
Además, los trabajadores apuntan que ”debe existir un compromiso claro que evite que estas sociedades puedan venderse dentro de unos años a los socios tecnológicos, como ya hizo Reynés al frente de Abertis, lo que dejaría a unos 800 trabajadores fuera del grupo y perderían sus condiciones laborales actuales”.
La externalización que ha diseñado Reynés está incluida en el “Proyecto Lean”, un programa que pretende reducir los costes operativos a 100 millones de euros anuales a partir del año 2022, desde los 600 millones actuales. Las áreas afectadas son las de Corporación, Negocios, Servicio al Cliente e Infraestructuras y Comunicaciones. El plan de ajuste entra prácticamente en todas las divisiones de la compañía y el encargado de gestionar el día a día del mismo es Miguel Ángel Aller, que ha desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos del grupo energético en los últimos 8 años.
Se pide un compromiso claro que evite que estas sociedades puedan venderse dentro de unos años a los socios tecnológicos, como ya hizo Reynés al frente de Abertis
Tras las 900 salidas pactadas en España, entre enero y marzo de 2019 la dirección del grupo ha incorporado otros 300 empleados al plan de desvinculaciones voluntarias, que irán saliendo a lo largo del año. El objetivo de Naturgy es pactar con 100 trabajadores más, cumpliendo así la cifra de 400 bajas acordadas en el conjunto del ejercicio, lo que supondría haber reducido su plantilla en España en 1.300 personas en los dos primeros años del Plan Estratégico 2018–2020, un 15% respecto al volumen actual.
CAMINO A LA DESCAPITALIZACIÓN DE NATURGY
Las fuentes sindicales consultadas consideran que este programa de reducción de costes, junto con las desinversiones realizadas y las que se producirán en los próximos meses, ponen en riesgo el futuro del grupo al “tratarse de una descapitalización con el único objetivo de contentar a los accionistas, con subidas de la cotización de las acciones y reparto de jugosos dividendos”.
Y es que Reynés ha prometido a La Caixa y los fondos de inversión GIP y CVC Partners –que conjuntamente poseen más del 60% del capital de Naturgy– unos dividendos de 9.000 millones de euros incluyendo el plan de recompra de acciones. Ligando, además, el cumplimiento del objetivo al pago de un polémico bonus millonario a todos los directivos del grupo.
En medio de esta batalla entre sindicatos y Reynés, el consejo de administración sigue valorando el nombramiento de un consejero delegado que tenga funciones ejecutivas y que permita al presidente liberarse de responsabilidad en este proceso de ajuste que, a tenor de los últimos acontecimientos, va a erosionar su imagen.
Fuentes del máximo órgano de control de Naturgy insisten a MERCA2 que la petición de nombrar “a un CEO de la casa que sea un killer” ha partido del propio Reynés, que teme que su gestión en el grupo le pueda pasar factura en el futuro.