La Administración Pública toma como referencia desde años datos e informes de portales como Idealista para elaborar sus propias estadísticas. Los críticos con este sistema denuncian el monopolio de la información inmobiliaria, la distorsión de los precios y una ausencia de rigor en la tasación de los inmuebles. «Al final, son parte interesada», afirma Inés Sabaté, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona.
“Se echa en falta una estadística de contratos de alquiler formalizados. Solo se dispone de información sobre los precios de oferta divulgados por empresas privadas como Idealista”. Esta afirmación está recogida en el Observatorio de Vivienda y suelo del año 2017, elaborado por el Ministerio de Fomento. Una cartera -dirigida ahora por José Luis Ábalos- que usa los datos recogidos de estos portales inmobiliarios, a pesar de las voces críticas. Aunque no es la única institución, también lo hacen otros organismos públicos de gran importancia como el Banco de España.
¿Para qué gastarse el dinero en elaborar informes pudiendo sacar datos de portales inmobiliarios privados? Esta es la reflexión en bucle que se hace una y otra vez la Administración Pública. Los estudios cuestan dinero y es más cómodo y barato que los hagan otros por ti. De esto se aprovechan actores del sector como Idealista, que sirven desde su creación a comienzos de siglo como termómetros del ladrillo en España.
El problema es que los datos aportados por Idealista no se ajustan a la realidad del mercado. Y esto genera un problema. De hecho, son muchos los expertos que desconfían y critican la extracción de estos datos. Por ejemplo, el catedrático en Economía José García Montalvo que explicó hace tan sólo unas semanas las confusiones surgidas por la interpretación de estas cifras.
García Montalvo analizaba cómo los precios de los portales inmobiliarios no son de mercado, sino los solicitados por el propietario. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones -por no decir en todas- los inmuebles se venden o se alquilan por debajo del valor anunciado. Es decir, el precio que la gente toma como referencia no es el real.
Este profesor lo explica de una manera muy gráfica y simple en un fragmento de su columna en ‘La Vanguardia’. «Pongamos un ejemplo: supongamos que un portal anuncia un piso de 5.000 euros al mes y 12 de 500. El precio medio será de 846 euros, igual como en Barcelona a finales del 2017. Como el alquiler de 5.000 euros está fuera de mercado, se alquilaran las viviendas de 500, pongamos 6. ¿Qué ha pasado con el alquiler medio? Según el portal habrá subido un 35%. ¿Qué habría pasado si se alquilan las 6 viviendas pero el propietario que quería alquilar por 5.000 reconsidera y baja el precio a 2.500 euros? Según el portal el alquiler habría caído un 7%. Que se alquilen rápido las viviendas baratas y tarden en alquilarse las más caras crea un sesgo que dificulta interpretar estos datos», afirma el profesor García Montalvo.
«El problema es que estos portales no ven a futuro», explicaba este mismo catedrático en un desayuno informativo relacionado con el mercado inmobiliario hace tan sólo unos días. Idealista es el máximo exponente de este ejemplo. Primero, por ser el pionero en esta actividad y segundo, por ser el portal con mayor número de inmuebles publicitados en su página.
Con el problema del alquiler en ciudades como Madrid y Barcelona, Idealista se ha convertido en el sitio por excelencia de muchos ciudadanos que buscan alquiler una vivienda. De hecho, hay muchos usuarios que aseguran inscribirse en los anuncios de alquiler a través de Idealista «porque tienen más posibilidades» de visitar primero el piso.
Hablar de datos relacionados con el ladrillo en muchas ocasiones se convierte en un salto al vacío. Porque los expertos no tienen informes oficiales que respalden sus teorías. La ausencia de una fuente oficial engrandece y agiganta los datos aportados por Idealista y compañía. En este caso, el discurso lo controla una parte implicada: los portales inmobiliarios. El poder que tienen se acrecenta gracias a la desidia y la falta de implicación de las administraciones públicas. Por este motivo, los entendidos del sector demandan menos medidas «ineficientes» como los anunciadas por el último Gobierno de Pedro Sánchez y más datos reales y contrastados.
LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES TAMBIÉN ‘TIRAN’ DE IDEALISTA
En este sentido, las críticas no sólo se dirigen al Gobierno Central, también para el autonómico y el municipal. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid es otra institución que utiliza datos de Idealista para elaborar su propios informes. En vez de elaborar un censo de la vivienda, Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad, prefiere dar como válidos las cifras sobre alquiler y planeamientos urbanos del portal fundado por Jesús Encinar. Idealista en estos momentos no es sólo un portal inmobiliario, sino que es un líder de opinión y una referencia para administraciones, expertos y particulares.
Precisamente, estos últimos -los particulares- se aprovechan de la existencia de sitios como Idealista para inflar los precios de sus viviendas. ¿Cómo? En multitud de ocasiones las tasadoras exigen ‘testigos’ para elevar el precio fijado en su tasación. Estos ‘testigos’ en multitud de ocasiones son anuncios de pisos de similares características y de la misma zona que presentan precios superiores a la tasación realizada inicialmente.
IDEALISTA CONTROLA EL MERCADO DE LOS ANUNCIOS
En estos momentos, Idealista cuenta con 1.658.424 anuncios. Esta cifra revela el poder y el peso que tiene en el sector. Además, el portal ofrece al usuario la posibilidad de colgar los dos primeros anuncios de forma gratuita. A partir del tercero, cuenta con distintas tarifas que van desde los 30 euros por una semana a los 100 euros por medio año. Además, el monopolio de la información inmobiliaria de Idealista le reporta un poder que utiliza para anunciarse en internet. Rara es la página relacionada con el sector que no cuenta con una publicidad del portal.
Aunque, dicho esto, la realidad es que la culpa no la tiene Encinar y los suyos, sino la Administración Pública que ha dejado que una empresa privada se convierta en referencia de un derecho fundamental como la vivienda.
