La mediatización del caso de Majadahonda, que acumula hasta 16 meses de retrasos en la concesión de licencias de obra, fuerza al Gobierno Central a legislar para agilizar los trámites. Pedro Saura, secretario de Estado para la Vivienda, ya ha anunciado medidas para acabar con este problema que encarece la vivienda en hasta un 10% más, en algunos casos.
«No es normal que desde que se adquiere un suelo hasta que se comience a construir transcurran en muchos casos más de tres años», afirma un miembro de una de las promotoras afectadas por la excesiva burocracia en el inmobiliario de España. Las empresas están cansadas de luchar contra las administraciones locales para colocar el primer ladrillo de sus promociones. Una pelea en la que al final el más afectado es el cliente final. «Esta situación encarece el precio de la vivienda», afirma un experto del sector.
En esta batalla existe un municipio que representa a la perfección el problema, Majadahonda. La localidad madrileña tiene el ‘título’ de ser la ciudad de la capital que más tarda en tramitar una licencia de obra. Hasta 16 meses son los que tarda este consistorio en dar el ‘ok’ definitivo a las promotoras que intentan levantar viviendas. Este caso no es único, pero sí el más fragante y mediático.
Ante el inmovilismo de las administraciones locales y las presiones de las de las empresas y de asociaciones como Asprima, el Gobierno Central ha decidido entrar en el conflicto. Por este motivo, Saura anunció a finales de enero medidas para agilizar estos trámites, durante la conferencia ‘La vivienda en España’ organizada por la Asociación de Promotores y Constructores de España. “Hemos mantenido conversaciones con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos para reducir los plazos administrativos”, afirmó durante el acto.
Lo cierto es que el problema de las licencias de obra no es un tema menor. De hecho, ha adquirido tanta relevancia que incluso ha afectado en la manera de trabajar de las grandes promotoras inmobiliarias. Estas últimas han buscado alternativas para sortear los sobrecostes que han de afrontar por la inoperancia de los consistorios. Muchas de ellas han encontrado una nueva vía de negocio. En este horizonte ha aparecido la industralización del proceso de construcción de las viviendas.
Aedas es la empresa que ha enarbolado la bandera de la industralización del sector. La promotora de David Martínez ha visto en este proceso una posibilidad de avanzar en la construcción sin tener que esperar a la controvertida licencia de obra. En esta ecuación también entra en juego la falta de obreros y de personal cualificado, pero lo que más ha influido es sin lugar a duda la burocracia de la administración.
Con la industralización, la promotora tiene la posibilidad de fabricar la vivienda mientras espera el visto bueno del ayuntamiento de turno para instalarla. Por ejemplo, Para dar respuesta a la demanda del mercado, AEDAS ha lanzado su propia línea de negocio –OffSite– compuesta de promociones donde las casas a la venta son industrializadas.
Esta nueva vía ofrece la posibilidad de reducir los tiempos de entrega de las viviendas a la mitad de tiempo, porque se trata de un sistema de construcción simultáneo en el que, mientras se fabrican las viviendas en un entorno controlado, se realiza el movimiento de tierras y la cimentación sobre la parcela. Este proceso permite acotar los plazos, y los clientes podrán disfrutar de sus viviendas de obra nueva en la mitad de tiempo –entre 9 y 12 meses–. Además, esta situación permitiría a las promotoras cumplir sus planes de negocio y no chocar contra la realidad urbanística.
SAURA TRABAJA EN LA SEGURIDAD DE LOS PGOU
Al final, del problema ha surgido una oportunidad. Pero a pesar de ello Saura entiende que el problema de las licencias de obra tiene que acabar. Por este motivo, la Secretaría -la de vivienda-, que él encabeza, trabaja codo con codo con el Ministerio de Fomento para atajar este contratiempo para las empresas. Un trabajo que se enmarca en otra serie de medidas relacionadas también con la vivienda.
El Ejecutivo trabaja en dos leyes relacionadas con la vivienda y el alquiler que intentará se aprueben lo antes posible. Una de ellas, guarda relación directa con el problema de las licencias de obra. Se trata de los planes generales de ordenación urbana. El Gobierno Central tiene la intención de otorgar mayor seguridad jurídica a estos planes para evitar la judicialización de los PGOU por toda España. Un asunto que también ayudará a desatascar la burocracia y el papeleo de la concesión de licencias de obra. Municipios como Majadahonda celebran la intervención del Estado y las promotoras esperan como agua de mayo los primeros resultados de la misma.
