Los propietarios particulares del vehículo con motor diésel se han convertido para el Gobierno de Pedro Sánchez en los nuevos parias de la sociedad española y han de pagar por su deliberada colaboración con la destrucción del medio ambiente.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó el lunes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019. En ellos, pendientes aún de su aprobación final en el Congreso, el Ejecutivo incluye dos medidas directamente relacionadas con el Impuesto sobre Hidrocarburos (IH) para elevar los ingresos del Estado.
En primer lugar, la que va a afectar a más españoles. El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en los PGE 2019 un incremento de la fiscalidad de los gasóleos en 38 euros por cada mil litros, es decir, una subida de 0,38 euros en cada litro que reposte el propietario de un vehículo diésel. De acuerdo a los cálculos del Ministerio de Hacienda, supone un incremento de 3,3 euros al mes (o 40 euros al año) para un conductor medio.
Elevan los tipos impositivos del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicables a los carburantes de automoción utilizados para el transporte por carretera cuyo consumo está más extendido y provocan las mayores emisiones de gases contaminantes que inciden sobre la calidad del aire de nuestras ciudades. Todo ello en línea con las recomendaciones efectuadas por diversos organismos internacionales a España en los que se destaca la importancia de adoptar medidas eficaces de ámbito nacional centradas en el uso de vehículos diésel y sus emisiones de NO2.
“No obstante”, especifica el texto, “la tributación que recae sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado no sufre variación alguna al objeto de mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo”. La subida recaerá íntegra en los conductores particulares. Los profesionales hacen más kilómetros y soportan mayores costes, pero sus sindicatos también hacen más ruido que los simples ciudadanos de a pie.
El Ejecutivo estima que registrará un aumento de la recaudación de los Impuestos Especiales del 2,2% y de los ingresos a través de esta vía un 1,5%, hasta los 20.615 millones de euros. Al mantener prácticamente estables el Impuesto sobre Labores del Tabaco y el Impuesto sobre Electricidad, la principal fuente de financiación será el Impuesto sobre Hidrocarburos, con un incremento del 3,5% en 2019. La denominada “fiscalidad verde” dejará, según los cálculos del Gobierno, 670 millones de euros en las arcas públicas. Un detalle: el incremento del IRPF, 328 millones de euros.
La segunda medida relacionada con el IH es el cambio en la tarifa autonómica. Antes estaba fijada por las comunidades autónomas y los ingresos formaban parte de su recaudación como un tributo propio. A partir de 2019, la tarifa será igual para todas las Comunidades Autónomas y los ingresos pasarán a contabilizarse en la recaudación total del Estado, aunque a continuación se transfiera completamente a las comunidades como parte de la participación de estas en los impuestos compartidos.
Una parte del incremento de esos ingresos se destinará a subvencionar políticas sostenibles como impulsar la renovación del parque automovilístico e incentivar a las empresas a que adopten medidas respetuosas con el medio ambiente para colaborar en la transición ecológica, según la nota de prensa remitida por el Ministerio de Hacienda. Además, estas subidas se hacen “siguiendo las recomendaciones internacionales”. Lo que no indica es qué porcentaje ni cómo van a modernizar un parque móvil con un 62% de vehículos con más de diez años.
En el ejercicio 2017, el Estado recaudó en impuestos y tasas un 5,7% más que en el año 2017. El mayor incremento porcentual se dio en el impuesto de matriculación de los vehículos nuevos, con casi un 20% de subida respecto a 2016. En su conjunto, la adquisición de vehículos nuevos supuso para las arcas públicas un ingreso superior a los 4.800 millones de euros, de acuerdo al Informe Anual 2017 de Anfac.
LOS VEHÍCULOS DIÉSEL, EN LA MIRILLA
Desde su llegada al poder, el Gobierno socialista en coalición ha tenido al vehículo diésel en su mirilla. En junio de 2018, la ministra de Hacienda confirmó en el Congreso que el borrador de los PGE incluiría la medida de subir la fiscalidad del diésel.
Dos semanas después, la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, declaró en el Congreso de los Diputados que el diésel “tiene los días contados” y que su “impacto” en la calidad del aire “es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”. A los dos días, la ministra Montero tuvo que relajar las palabras de su colega y a la salida del Consejo de Ministros afirmó que la subida sería “progresiva”.
La contaminación que sobrevuela las grandes ciudades españolas es una realidad que no puede esconderse. Hay que luchar contra ella desde todos los estamentos públicos y privados. Que los vehículos con motor diésel no puedan entrar en Madrid Central no impide que puedan circular fuera de esta zona y durante más tiempo mientras encuentran aparcamiento en los colapsados barrios periféricos de la capital.
Además, el 1 de septiembre de 2017 entró en vigor el nuevo protocolo de emisiones WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros según sus siglas en inglés). Los escándalos de las marcas por la instalación de software ilícitos para superar el anterior protocolo NEDC provocaron un nuevo método de medición más exigente con los vehículos.
La persecución a los vehículos diésel empieza a tener su reflejo en las ventas. En enero de 2018, el 41,8% de los coches matriculados en España eran diésel. Al cierre del año el porcentaje acumulado ha caído hasta el 35,8%, según el informe del Instituto de Estudios de Automoción (Ideauto).
