El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha dejado la puerta abierta a realizar cambios en el recién aprobado Real Decreto-Ley que modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas y que declaró nulo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 2017 por el recelo que ha levantado en el sector.
Planas se ha mostrado «sorprendido» por la reacción de Asaja, UPA, Coag y Cooperativas Agroalimentarias por su postura ante la venta a pérdidas, que han calificado de «compleja, subjetiva y arbitraria». Para el ministro, el Real Decreto-Ley modifica el artículo de la Ley de Comercio Minorista que regulaba la venta a pérdidas aporta una “mayor seguridad jurídica”.
“La solución es buena. Si después de aplicarla vemos que no funciona, analizaremos otras vías”, apunta el ministro, quien asegura haber realizado un “gran esfuerzo”, a pesar de saber que es una batalla complicada. De hecho, se reunirá con el sector agricultor para analizar la nueva normativa.
Con esta nueva ley se considera venta a pérdida en cuatro supuestos: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos del mismo establecimiento; al tener por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno; si forma parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor y cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación. Conceptos ambiguos y confusos para las organizaciones.
UNA BATALLA LEGAL DE HACE AÑOS
En realidad, se trata de una batalla legal que lleva años enfrentando a agricultores –que se quejan de que la venta a pérdidas les obliga a bajar tanto los precios que impiden que sea rentable– y a cadenas de supermercados –que niegan estas prácticas–. Un choque de legislaciones entre la española y la europea, y que alcanzó su peor momento con la sentencia de 2017.
La Región de Murcia impuso una sanción de 3.001 euros a la empresa de alimentación Europamurpor supuesta venta a pérdida a productos domésticos y de alimentación a supermercados y tiendas de barrio. El caso acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), donde se dio la razón a la empresa por encima de la ley española.
Según el Gobierno, desde la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se han recibido un total de 231 denuncias. De ellas, 36 por venta a pérdidas y 32 por la Ley de la Cadena Alimentaria y venta a pérdidas.
INCERTIDUMBRE POR EL BREXIT
A los problemas por la venta a pérdidas se suma lo que Planas califica como «tormenta perfecta». Se trata de la situación que atraviesa el sector pesquero este año, aunque ha subrayado que tanto la obligación de desembarco, las cuotas pesqueras para el próximo año como el brexit marcarán el futuro de un sector pesquero que ha cambiado «radicalmente» en los últimos cinco años.
Respecto a la salida de Reino Unido de la UE, ha reconocido la «incertidumbre» que reina en toda la sociedad y ha insistido en que en el caso de no haya acuerdo, el Gobierno está trabajando en planes de contingencia para garantizar el futuro al sector.
