“Desangrar al colectivo, generar expedientes y acallar nuestras justas reivindicaciones”. Esto es lo que pretende el Ministerio del Interior tras su última reunión con la Plataforma Sindical de Prisiones (compuesta por los sindicatos CSIF, Acaip, CC OO, UGT y CIGA) que agrupa al colectivo de los funcionarios de prisiones.
Desde el 28 de septiembre, cuando el Ministerio bajo los mandos de Fernando Grande-Marlaska retiró la oferta retributiva hecha a los funcionarios de prisiones, el conflicto no ha hecho más que enquistarse. “No hay posibilidad de incremento retributivo alguno. El marco legal es el acuerdo de subida para la AGE en los tres próximos años”, ha sido la última oferta del secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, a los sindicatos de prisiones. Y estos han montado en cólera.
Por eso, el 11 de diciembre harán una manifestación, un particular escrache, que recorrerá las sedes de los cuatro grandes partidos (PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos) y que concluirá en el Ministerio del Interior. En cada sede entregarán una proposición parlamentaria para que se pongan de acuerdo y la presente de manera conjunta.
Si de aquí a fin de año no consiguen un acuerdo, los funcionarios de prisiones harán huelga general en enero
Además, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, serán objeto de lo que califican como “seguimiento” en los diferentes actos públicos en los que estén presentes. Todo un marcaje al hombre. Si el acuerdo no llega a materializarse de aquí a fin de año, en el mes de enero convocarán una huelga general.
“Otra mentira más a los trabajadores y trabajadoras por parte del Gobierno socialista y una provocación ante la situación de conflicto laboral en nuestra institución”, han respondido las organizaciones sindicales a la propuesta ministerial. ¿La razón? Porque, según ellos, ya ha llevado a cabo dos resoluciones en las que asigna “suculentos complementos de productividad a los directores, subdirectores, administradores, jefes de servicios médicos, médicos, ATS y jefes de servicio, que alcanzan hasta una paga única de 2.200 euros”. Algunos de estos ‘beneficiados’, si se confirma el pago, donarán dicha subida a la caja de resistencia para ayudar a la huelga.
FUNCIONARIOS ENGAÑADOS
Junto a estas acciones, en diciembre los funcionarios de prisiones llevarán a cabo otras manifestaciones, concentraciones, encierros, mesas informativas para la ciudadanía y marchas a nivel territorial.
El colectivo se siente engañado porque “el Acuerdo de subida de la Administración General del Estado lo que especifica son los mínimos retributivos del personal y como bien sabe el Ministerio del Interior, otros colectivos han tenido su reconocimiento salarial del citado acuerdo marco”. Agencia Tributaria, los examinadores de Tráfico, y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son algunos de los colectivos que ya han firmado sus respectivos acuerdos negociados.
Que los funcionarios de prisiones no consigan lo alcanzando por colectivos como los anteriormente citados se debe a que, si finalmente alcanzan su demanda (hablamos de 123 millones de euros en los próximos tres años), otros trabajadores de la función pública podrían seguir su camino, lo que aumentaría la factura para el Ejecutivo por encima de los 1.200 millones de euros.
Además del tema económico, los funcionarios de prisiones reclaman una nueva clasificación de centros, que las ofertas de empleo se descongelen, o que mejore su seguridad, ya que son objeto de constantes agresiones (la media es de dos agresiones diarias a un funcionario).
