Si hay algo a lo que estamos acostumbrados en España es a que el Gobierno no sea un buen ejemplo. Parece que en cuanto alguien llega al poder hace todo lo que lleva tanto tiempo criticando. Pedir ejemplaridad al resto es muy fácil, pero hay que empezar por uno mismo. Este nuevo ejecutivo llegó para traer ‘aire fresco’ a la política. Sin embargo, su objetivo está derivando en exigir sin dar nada a cambio. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es una muestra de ello. Su ministerio se está convirtiendo en el más conflictivo, socialmente hablando, pero a Ribera le da igual.
El coche eléctrico es el futuro. Pero muy lejano, según Teresa Ribera. Para ella 20 años son muchos. Dos décadas en la que una parte importante de la industria española tiene que transformarse de forma radical y apresurada. Muchos puestos de trabajo están en juego. Otros sectores, como las gasolineras, también necesitarán grandes inversiones que serán impuestas por el Gobierno. Unas previsiones exigidas que ni los propios gobernantes las llevan a la práctica.
“Como yo no tengo enchufe en el garaje, creo que lo práctico es comprarme un híbrido”
Porque Teresa Ribera cree que “no podemos trasponer hoy lo que nos hemos marcado para 2040”. Las empresas deben invertir millones en instalaciones que no tendrán rentabilidad hasta dentro de 20 o 30 años. O lo que es peor, estarán obsoletas en una década y sin obtener ningún beneficio de ellas. Pero nosotros “no podemos trasponer hoy” los objetivos a 20 años. En una entrevista concedida a TVE fue clara: “Dentro de veinte años ya me extrañaría ser ministra”. O lo que es lo mismo, que se coman el marrón los que vengan.
Todo esto en un contexto donde la propia Ribera señaló que hoy en día se compraría un coche híbrido. Pero ni siquiera enchufable. Un híbrido convencional; es decir, un coche de gasolina con distintivo ECO. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ni ella apuesta por un modelo eléctrico. “Creo que hay un recorrido que hay que hacer y creo que nuestra función es ofrecer las señales suficientes de que ese camino es factible”. Señales como que ni siquiera la ministra ve viable un automóvil eléctrico.
Lo peor fueron sus excusas. “Me parece que puede haber coches eléctricos y que si uno tiene en su casa el enchufe correspondiente pues lo puede gestionar y sino, como yo no tengo enchufe en el garaje, creo que lo práctico es comprarme un híbrido”. Da a entender que vive en una caverna donde no llega la electricidad y es imposible la instalación. Porque la ministra debe pensar que los que apuestan por un coche eléctrico nacieron con un enchufe para su vehículo en el garaje.
Está claro que hoy en día tener un automóvil eléctrico es solo apto para valientes. Valientes con un poder adquisitivo medio-alto, pero valientes. Aunque también tiene mucho que ver con la filosofía del comprador. El sentirse más ‘verde’ o menos perjudicial para el medioambiente está entre las prioridades de los clientes de la movilidad sostenible. Si no fuera por esto nadie compraría un vehículo eléctrico. Porque no hay suficientes infraestructuras de recargas por las carreteras. Lo que no permite que se realicen viajes largos.
Pero es gracias a todos ellos que poco a poco irán llegando las electrolineras a las carreteras españolas. Es como el cuento del huevo y la gallina. ¿Quién tiene que llegar antes? La demanda de electricidad para coches irá aumentando, y las empresas se adaptarán. Sin embargo, Teresa Ribera no formará parte de este selecto grupo hasta que la ley lo obligue. No lo olvidemos que “no podemos trasponer hoy” los objetivos de 20 años. Eso será lo que le dirán las corporaciones si el borrador de la Ley de Cambio Climático sale adelante.
EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN CONTRA
Teresa Ribera no pretende dar el paso a la movilidad eléctrica. O al menos, a corto plazo. No obstante, la industria sí que se ha posicionado. Las inversiones hacia una movilidad más limpia son constantes. De forma libre, sin obligaciones. Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha rechazado el proyecto de Ley de Cambio Climático en la medida que establece un plan para lograr la descarbonización del transporte en 2050: “excesiva en sus objetivos y acelerada en sus plazos”.
“La industria está totalmente comprometida con la descarbonización del parque automovilístico pero la transformación hacia una movilidad cero y bajas emisiones ha de ser ordenada, justa y rentable, desde el punto de vista social y económico”, ha explicado el vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero.
A pesar de la “total interlocución y colaboración” entre los ministerios y asociaciones del sector automovilístico, el Gobierno “no ha contado con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos”. La ley tendrá un “severo” impacto social e industrial ya que supone “encarar una reconversión industrial completa y acelerada de las fábricas españolas en su conjunto”.
TERESA RIBERA, UNA MINISTRA CON MUCHA HISTORIA
Filtrar un borrador tan controvertido sin ni siquiera consultarlo con los agentes sociales no es el único error que ha cometido en su carrera Teresa Ribera. La actual ministra es una de las responsables del Caso Castor. En su etapa como secretaria de Estado con Zapatero, fue la encargada de firmar la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto del almacén de gas Castor.
Este proyecto consistía en la construcción de un depósito artificial de gas natural situado frente a las costas de Castellón y Tarragona, que supliría la demanda energética española en caso de escasez. Esta instalación sufrió varios seísmos por lo que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió pararla.
“Yo firmé una declaración de impacto ambiental que venía avalada por los técnicos del ministerio, del instituto geológica minero, los distintos expertos que se habían encargado de evaluar la información con arreglo con la que se disponía en ese momento”, ha explicado Ribera.
INDEMNIZACIÓN MILLONARIA
Pero si algo bueno tiene Ribera es que al menos dice las verdades. Así como ni corta ni perezosa ha explicado que no se compraría un coche eléctrico, también ha echado piedras sobre su propio tejado. Ha apuntado que sería “irresponsable” no haber firmado el documento, ya que venía avalado por técnicos. Pero ha destacado que “el tiempo ha demostrado que había más de una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Hasta dónde era importante invertir tanto en el almacenamiento masivo de gas? ¿Qué alternativas había para destinar tantos recursos públicos?”.
El Gobierno tuvo que poner fin a la concesión e indemnizó a la empresa con 1.350 millones de euros. Una cuantía millonaria que ganó Escal UGS, cuyo principal accionista era ACS. Sin embargo, a pesar de que el juez imputó a cerca de 20 responsables de la tramitación del proyecto, los principales actores políticos, el Presidente Zapatero y su Ministro de Industria, Miguel Sebastián, no estaban en ese grupo.
Entre otros aspectos destacables de la historia de Teresa Ribera, su marido, Mariano Bacigalupo, es consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Aunque la ley no establece ninguna incompatibilidad entre ambos cargos, sí que puede surgir algún conflicto de intereses con las compañías energéticas, ya que se trata de un tema delicado para Ribera, en cuanto apuesta por el cierre de las centrales nucleares y pretende apostar por las energías renovables.
