El parlamento ha ampliado el plazo para presentar las enmiendas para la tramitación como proyecto de ley del Real decreto para regular las VTC. Este martes la cámara iba tramitar la ley con las revisiones, pero finalmente se prolongará hasta el próximo día 20, a petición de PP y Ciudadanos, por lo que aún está abierto el plazo para incorporar nuevos requerimientos.
El taxi ya se está moviendo para plantear nuevas propuestas. Las principales asociaciones tienen claro que el decreto es positivo, en tanto en cuanto antes no existía ninguna regulación, pero no terminan de estar de acuerdo con algunos pormenores, sobre todo la prórroga de cuatro años establecida por el Ejecutivo para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos regulen a las VTC, algo que consideran injusto para el taxi, ya que creen que son ellos los perjudicados.
Fedetaxi, la asociación que aglutina al mayor número de taxistas de España, ha enviado seis propuestas a los grupos parlamentarios. En ellas se incluye la posibilidad de crear el taxi compartido, -que en países como Alemania ya se realiza para algunos trayectos y que en España aún no está permitido-, o el establecimiento del precio cerrado, es decir, que taxista y usuario puedan conocer el precio del trayecto antes de su contratación, un servicio similar al que ofrecen las empresas de coches con conductor, Uber y Cabify, cuyo servicio permite conocer la tarifa antes de contratar el servicio y cuyo precio es cerrado, aunque varía dependiendo de la hora del día en que se solicite el servicio.
Uno de los apartados más controvertidos del proyecto de ley es el plazo establecido para que ayuntamientos y comunidades autónomas regulen. Un periodo que en taxi considera una indemnización en tiempo y que cree que es demasiado extenso. A partir de ese momento, si los ayuntamientos y las CCAA no han regulado y concedido una segunda licencia para operar en las ciudades, su competencia será interurbana y no podrán operar dentro de las ciudades.
Fedetaxi ha reclamado la revisión de este punto, ya que considera que los verdaderos perjudicados son los taxistas y que por tanto son a ellos a los que deben de indemnizar por la proliferación de las licencias por la liberalización que se produjo en el gobierno Zapatero, que afectan a sus competencias.
El taxi está cabreado. Quiere que se actúe con celeridad y cree que la ejecución se está demorando en el tiempo. En Madrid algunas asociaciones han tomado la iniciativa. La plataforma Caracol ha iniciado contactos con el ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena para pedir que se acelere el proceso, y además están preparando nuevas propuestas para que se incorporen a la ley, antes de que se tramite definitivamente.
Hace una semana, Antaxi amenazó con nuevos paros si el gobierno madrileño de Ángel Garrido no realiza ningún movimiento. De momento todo se mantiene igual, a la espera de ver los nuevos requerimientos que se incluyan en la legislación que está pendiente.
LA POLÉMICA LEY QUE NO CUAJA
El gobierno convalidó el pasado 25 de octubre el decreto ley como una proposición de ley, por ello el texto final está sujeto a modificaciones. El decreto traslada a los ayuntamientos y a las CCAA la gestión de las licencias VTC. Serán ellos los que tengan que conceder una segunda licencia para operar. De no ser así las competencias de los vehículos con conductor será interurbanas.
Ni las VTC, ni el taxi ni las comunidades autónomas están de acuerdo con la nueva normativa. Las VTC sienten que peligran más de 15000 puestos de trabajo. El taxi no está de acuerdo con la indemnización en forma de tiempo y las comunidades autónomas no quieren asumir la gestión de las VTC sin que se les haya asignado una cuantía económica.
