Los grupos parlamentarios del Congreso de los diputados ha acordado por mayoría que la nueva Ley Hipotecaria refleje que los gastos notariales derivados de la firma de la hipoteca los pague la banca y el cliente solo se haga cargo de la tasación.
El pasado jueves 8 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó mediante un real decreto ley que desde el lunes 12 de noviembre los bancos abonen el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), tal y como anunció presidente del Gobierno el miércoles 7. Esta decisión contradijo la tomada por el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dos días antes. El Alto Tribunal dictaminó a favor de la posición de los bancos, por 15 votos a favor y tres en contra, que las entidades financieras no debían asumir al impuesto sobre la escritura notarial de la hipoteca.
“Nunca más los españoles pagarán este impuesto; lo hará la banca”, afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa extraordinaria desde La Moncloa. Este martes el Gobierno ha ido un paso más adelante. De esta manera, los bancos se harán cargo de los gastos de la primera copia de escrituras en la notaría, los asociados a la gestoría, el famoso impuesto AJD y el registro de la propiedad. Además, los notarios realizarán, sin ningún coste, un cuestionario al prestatario para asegurarse de que entiende todas las cláusulas del contrato hipotecario.
La nueva Ley Hipotecaria aún tiene un largo camino legal por recorrer y discutir. En el aire, asuntos como las comisiones por amortización anticipada, los intereses de demora o la cláusula de vencimiento anticipado de una hipoteca.
Mientras, los bancos mantienen el silencio mientras estudian las consecuencias económicas que tendrán las decisiones del poder Ejecutivo, ya que el Judicial ha quedado demostrado que no pinta nada en este asunto. Pedro Sánchez apeló a la «responsabilidad del sector financiero» y a la libre competencia para que estos gastos no repercutan finalmente en el cliente final que firma la hipoteca.
MÁS CLARIDAD EN LAS HIPOTECAS
De esta manera el Gobierno interna poner luz a un asunto oscuro que ha estado en el olvido hasta el pasado mes de octubre. Desde 1983 los clientes han pagado el AJD a las haciendas regionales y todos los gastos asociados a la firma de su hipoteca. En menos de dos meses, las reglas del juego han dado un giro de 180 grados para poner a las entidades financieras contra las cuerdas en su política comercial.
Ahora la sociedad (y los periodistas) estudiará al milímetro cada línea de la letra pequeña de las ofertas comerciales que ofrecen los bancos en sus hipotecas. El más mínimo cambio será visto como una represalia para compensar el pago del AJD y el resto de gastos que tendrán que afrontar en cada firma. En el otro lado, los accionistas que esperan mayores beneficios en las entidades cotizadas que les generen más valor a sus inversiones y dividendos.
