El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha mantenido su discurso y ha sacado la muleta para lidiar sin arrimarse mucho con la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera ante la que ha comparecido en el Congreso. Antes de la inyección pública con la posterior salida a Bolsa, él no estaba; durante el saneamiento, las órdenes llegaban desde la Comisión Europea y el Banco de España; y el futuro es decisión del Gobierno.
“La privatización es la mejor alternativa para los contribuyentes, pero la decisión es del Gobierno”, ha afirmado José Ignacio Goirigolzarri. No obstante, ha dejado claro que “hoy no es un buen momento” puesto que la política de tipos negativos del BCE repercute en el valor de los bancos en el mercado y este hecho impediría lograr los beneficios esperados con la venta de la entidad. “Es necesario que empiece a girar esta política (de tipos); las economías europea y española están preparadas y será positivo para nosotros”, ha declarado. De momento, no hay prevista una revisión de los tipos por parte del BCE hasta verano del próximo año, tal y como anunció recientemente su presidente, Mario Draghi.
Por tanto, todo parece indicar que la propiedad de Bankia no cambiará a corto plazo. Goirigolzarri ha insistido en que “no hay agobios, pero no se puede eternizar”, por lo que deriva al Ejecutivo de Pedro Sánchez (si no cambia) la decisión de fijar la fecha de la operación y el precio de salida. El presidente de la entidad tampoco ha querido mostrar ninguna preferencia por el origen del próximo propietario. “Si hay una buena oferta de una entidad extranjera no veo problemas, pero no creo que ocurra”, ha ahondado.
Ante la posibilidad de que Bankia permanezca como un banco público, opción en la que han insistido los portavoces en la comisión de ERC y Unidos Podemos, Joan Capdevila y Alberto Montero respectivamente, Goirigolzarri ha afirmado que “la banca pública como instrumento político social es un despropósito, una mala decisión para los españoles”. No obstante, ha defendido la presencia de bancos públicos de desarrollo como el ICO y el BEI “con un papel contracíclico y subsidiario de la banca privada” en momentos de escasez de crédito, aunque es algo que no corresponde a un banco comercial como la entidad que preside.
SU LLEGADA A BANKIA
José Ignacio Goirigolzarri tomó posesión como presidente ejecutivo de BFA y Bankia el 9 de mayo de 2012. En ese momento, BFA tenía el 45,5 % de Bankia y el resto cotizaba en el mercado bursátil. Su primera decisión fue “reequilibrar la situación patrimonial del BFA y reforzar el capital”. La valoración central fijada por los expertos (Rothschild, HSBC y Crédit Agricole) a petición del FROB estimó el valor de BFA en 13.635 millones de euros. Por otro lado, el plan de saneamiento y capitalización solicitado por el Banco de España que realizó la entidad cifró las necesidades de capital para el grupo BFA en 19.000 millones de euros (12.000 destinados a Bankia y el resto para sanear la matriz). “Nada de eso ocurrió y nunca se materializó”, ha declarado el presidente.
El Gobierno solicitó el 9 de junio una línea de financiación de hasta 100.000 millones de euros a la Unión Europea y de ahí surgió el Memorándum de Entendimiento (MOU), el cual “fijaba el marco que debía seguir para la obtención de ayudas financieras de todos los bancos españoles”. La entrada en acción del MOU hizo, según palabras del presidente de Bankia, “comenzar un nuevo proceso siguiendo la estructura y el calendario definidos por la Comisión Europea”.
El informe realizado por Oliver Wyman, y supervisado por la Comisión Europea, el BCE, la EBA y el FMI determinó que el grupo BFA tendría unas necesidades de capital totales de 24.743 millones de euros. Tras la transferencia de activos a la Sareb, o banco malo, y la conversión de instrumentos híbridos en acciones (6.592 millones de euros), el capital a aportar mediante una ayuda de Estado se situó en 17.959 millones de euros (de los cuales 10.700 fueron a Bankia y el resto a BFA). Esa fue la cantidad fijada en el plan de reestructuración del grupo BFA firmada por la Comisión Europea y España el 28 de noviembre de 2012.
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
A partir de ese momento, entró en vigencia el Plan de reestructuración hasta diciembre de 2017 bajo las directrices de Europa. De esta manera, cerró un tercio de la red de oficinas, la plantilla pasó de 20.400 a 13.600 personas, realizó desinversiones de activos no estratégicos por valor de 61.300 millones de euros, se prohibió realizar cualquier operación corporativa y se limitó la capacidad de establecer libremente una política de precios. Atados de pies y manos. “El ERE de 2012 fue muy doloroso para todos”, ha enfatizado José Ignacio Goirigolzarri.
En mayo de 2013 llegó la ampliación de capital tras la cual BFA pasó a tener el 68 % de Bankia (el resto estaba en manos de manos privadas). “Después de recibir las ayudas públicas, Bankia se convirtió en una entidad sostenible”, ha declarado en presidente de la entidad. Es más, ha añadido, “hoy podemos decir con satisfacción que Bankia ha pasado de ser una historia de reestructuración a una historia de crecimiento”. Sin embargo, el propio dirigente ha admitido el principal punto débil de la entidad: “El rendimiento de nuestro activo, porque tenemos un 65 % de hipotecas individuales”. Para revertir esta situación, el banco ha decidido potenciar los créditos al consumo y los créditos a empresas. “Exige tiempo cambiar la estructura del balance”, ha aceptado José Ignacio Goirigolzarri.
Por el momento, Bankia ha compensado a los hibridistas particulares con 2.783 millones de euros (los institucionales no tuvieron compensación alguna) y devuelto a los inversores minoristas 1.860 millones de euros como restitución de su inversión en la OPS. El presidente de la entidad ha declarado que “debemos ser capaces de generar capital para retribuir a nuestros accionistas con una cantidad superior a 2.500 millones de euros, que ahora no tenemos, en los próximos tres años”. Lo que queda por ver es si en este próximo trienio la entidad seguirá en manos públicas o no. La pelota está en el tejado del Gobierno.
