Comisiones de investigación paradas, papeles que no aparecen, falta de transparencia, robo de bicicletas y pérdida de usuarios. Esta es la verdadera situación de BiciMad, tras una remunicipalización prematura y la aplicación de la «doctrina Cifuentes»-así definen PSOE y Ciudadanos la opacidad del consistorio en este asunto. La empresa pública -depende de la EMT- pierde cerca de 5.000 euros diarios. Y por si no fuera poco, los madrileños se han levantado contra algunos de los carriles bicis que ha construido el Ayuntamiento de Madrid en distritos como Chamberí. La Administración se vanagloria de haber salvado un servicio público que estaba en banca rota por la gestión privada. Pero los datos no mienten y vaticinan un futuro incierto para BiciMad.
En el año 2015, el Ayuntamiento de Madrid compró BiciMad a la empresa adjudicataria BonoPark -que declaró pérdidas de 300.000 euros mensuales y sobre la que pesa una orden de embargo del Ayuntamiento de Pamplona- por un total de 10,5 millones de euros. O mejor dicho, esta es la cifra que ha facilitado el consistorio. Porque tras consultar los pocos documentos facilitados -el gobierno local ha denegado hasta un total de 28 a la oposición- el grupo municipal del Partido Popular afirma que la cifra puede ascender hasta los 20 millones de euros. «Bicimad no costó 10,5 millones de euros, costó 20 millones y de ellos, 4,5 en convalidaciones. El Gobierno de Carmena sabe que está acorralado por Bicimad», ha afirmado José Luis Martínez-Almeida, portavoz del Partido Popular en el consistorio madrileño.
El asunto ha incomodado hasta a la propia Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente, que ha llegado a reconocer que debería de haber llevado a los tribunales un contrato por el cual el Partido Popular ha interpuesto una querella contra su persona.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid alega que es esta denuncia de los ‘populares’ la que ha impedido facilitar toda la documentación que ha requerido el bloque de la oposición, porque hay ciertos papeles que están en manos del juez. Razón que no entienden en el Partido Popular al entender que no existe secreto de sumario en el caso. Ante este panorama, la realidad es que la comisión de investigación prevista para este martes se ha vuelto a suspender por segunda vez.
A pesar de todo, el Gobierno local defiende que ha salvado un servicio público que a las arcas municipales le suponía cerca de 800.000 euros con la gestión indirecta. Hasta la fecha, el consistorio se ha gastado cerca de 23 millones de euros en BiciMad. La cantidad de compra fue justificada a través de una auditoria privada, aunque en realidad nadie supo cuál era el precio real de esta compra. Desde un principio, el gobierno de Ahora Madrid se colgó la medalla de rescatar un servicio que el Partido Popular había privatizado desde sus inicios. El informe fue encargado a dedo y sólo para validar los datos de la sospechosa compra. Por este motivo, la oposición sospecha que este estudio pudo ser falseado para justificar los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid.
En este sentido, los ‘populares’ encabezados por José Luis Martínez Almeida afirman que «la normativa exige que para poder aprobar la compra del servicio BiciMad es necesario un informe previo y preceptivo de la Dirección general de Economía y Sector Público». Y este informe no aparece en ninguno de los documentos aportados por el consistorio. Este defiende que la tasación se elaboró tras muchas evaluaciones previas.
Pero el verdadero problema es que tres años más tarde, BiciMad es una ruina que pierde cerca de 5.000 al día. Además, la prevaricación y la malversación de fondos se cierne sobre la compañía municipal. La oposición ha puesto los focos sobre esta empresa, su compra en el año 2015 y sobre la propia Sabanés.
En la comisión -cuando comience- la oposición tratará de esclarecer todo lo relacionado con la venta. El no dejar morir este servicio que sólo cuenta con 60.000 abonados en toda la capital, el afán de remunicipalizar todo lo privatizado por los ‘populares’ y la celeridad con la que se produjo la transacción puede salir muy caro al actual equipo de gobierno. De todos modos, el asunto también podría afectar al propio Partido Popular, porque el PSOE también ha solicitado ampliar el periodo de estudio y así dilucidar qué grado de culpa tiene el gobierno de Ana Botella en todo el asunto. Los socialistas tienen algunas dudas en la contratación de Bonopark -adjudicataria del licitación- por parte de los populares.
La empresa navarra, Bonopark, se presentó en solitario al concurso porque fue la única que ofrecía un proyecto con una bicicleta eléctrica, requisito indispensable del gobierno del Partido Popular. En este sentido, los ‘populares’ tendrán que enfrentarse a ciertas acusaciones, que apuntan a una mala elección de la compañía cuando gobernaban la ciudad de Madrid. Los críticos con esta decisión afirman que existían claras evidencias de una falta de solvencia técnica y financiera.
Entre las personas que han sido llamadas a comparecer destacan Carmena, Sabanés, el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, y el cesado Carlos Sánchez Mato. Por su parte, Ahora Madrid planea llamar a Esperanza Aguirre, según avanzó ABC. Además, la comisión la integran once personas: cuatro miembros de Ahora Madrid, otros cuatro del PP, dos del PSOE y uno de Ciudadanos.
Vandalismo, bicicletas robadas y caída de abonados en BiciMad
En lo estricamente referente al servicio, BiciMad no ha mejorado sus datos financieros, ni de abonados desde la remunicipalización. De hecho, sus pérdidas económicas no cesan y el desplome de usuarios continúa. Esta merma de número de ciclistas es una consecuencia del deterioro de las instalaciones. Anclajes rotos, máquinas estropeadas, métodos de alquiler complicados e incluso bicicletas robadas y vendidas en el extranjero por 500 euros. De todos modos, esta última circunstancia es herencia del gobierno de Botella, porque nunca contemplaron que una bicicleta con un valor de 700 euros pudiera ser robada. Cuestión esta que justifica la ausencia de localizadores o GPS en las bicicletas.
Bicicletas sin carril
El otro motivo que ha motivado el fracaso del servicio de alquiler de bicicletas es la escasez de kilómetros del carril bici y su pésimo funcionamiento. Desde su llegada al poder, Ahora Madrid se propuso reducir la polución de la almendra central. Una de las medidas estrella pasaba por fomentar la bicicleta como medio de transporte. Para ello, el consistorio proyectó 33 nuevas vías ciclistas que tenían que estar listas para finales de 2016. Pero la realidad es que a día de hoy no están todas construidas y las que lo están no son del agrado de los madrileños.
Este es el caso del carril bici de Santa Engracia. Los vecinos han decidido revertir su construcción en un votación celebrada en un foro local de los promovidos por el Ayuntamiento. Pero en esta ocasión, la participación ciudadana no ha valido para nada, porque el Consistorio ha denegado la petición. Los afectados reclaman que los gastos de la supresión del carril sean asumidos por los presupuestos participativos. Pero el Ayuntamiento alega que al ser un proyecto del año pasado está estipulado que el mismo ha de tener una vida útil de al menos cinco años.
