La sombra de los favoritismos y de la desprotección de los pequeños inversores vuelve a sobrevolar los mercados en este 2018. El caso de Banco Popular o el regreso de Nyesa y Vértice 360º al parqué con más dudas que certidumbres no ayudan a esclarecer el verdadero papel regulador de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y de los intereses que defiende a causa de su politización.
Si bien es cierto que esta desconfianza data mucho antes del ‘caso Bankia’, basta con que nos remitamos a su pistoletazo de salida en el parqué para entenderla. Y es que aquella fatídica campanada de Rodrigo Rato con el verde a la espalda fue el comienzo del fin de uno de los episodios más negros de nuestra historia económica reciente. No en vano, la entidad tuvo que ser rescatada al tiempo que sus responsables se sentaban en el banquillo.
El valor en libros, una criticada auditoría practicada por Deloitte, y la pasividad de los reguladores llevaron a los minoristas a depositar su dinero en un producto tóxico. Un pequeño gesto con unas consecuencias devastadoras para la banca a medio plazo y que generó la desconfianza posterior en todos los productos financieros, incluso con tipos de interés prácticamente marginales.
Pese a que tanto el Banco de España como la CNMV conocían la situación de Bankia permitieron que cotizara en el Ibex 35
En cuanto a la CNMV, su respuesta llegó tarde. Las valoraciones del organismo, emitidas a posteriori como en otras ocasiones, solo consiguieron agitar el avispero cuando la Justicia falló a favor de los pequeños inversores de Bankia. Desafortunadamente para el regulador, las declaraciones de Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, no ayudaron a calmar los ánimos de los minoristas al cargar contra la sentencia del Tribunal Supremo.
No era para menos, ya que Bankia tuvo que ser rescatado al socializar las quiebras de algunas de las Cajas de Ahorros que lo componían. Pese a que tanto el Banco de España (BdE), como la CNMV conocían esta situación, permitieron que la entidad cotizara en el Ibex 35.
No cabe duda de que los organismos de control son necesarios para mantener el equilibrio en el sistémico entorno financiero. Lo que es objeto de debate es qué agentes suelen salir trastabillados a cada revés bursátil y cuáles eluden sus responsabilidades penales. Esta es la razón por lo que las dudas afloran entre los minoristas. Vacilaciones que acaban afectando a todo el sistema financiero por más regulaciones o normativas nuevas que creen.
Uno de esos cambios relevantes ha sido la llegada de la normativa MIFID II. Con ella, la CNMV en su papel de regulador dio un gran tirón de orejas a las gestoras patrias. Crítica velada al sector bancario por ocuparse solo de los minoristas en detrimento del cliente constitucional.
La CNMV y la liquidación de Banco Popular
Informes no desclasificados, medias verdades, actuaciones nocturnas y un cierto aire alevoso para los minoristas son un resumen grosso modo de lo ocurrido durante el obituario de la entidad dirigida en su último tramo de existencia por Emilio Saracho. Una bala de fogueo del Mecanismo Único de Resolución (MUR) bancaria europeo que ha traído ríos de tinta y hasta un libro.
Todo finalizó y comenzó la noche del 5 de junio de 2017, cuando un banco solvente se volvió ilíquido en cuestión de horas. Lo que unos meses antes no era un producto tóxico para los inversores institucionales y minoristas se convirtió en una desdicha para estos últimos y en una afortunada resolución para los primeros. Conclusión que se ampara en un informe incompleto de Deloitte redactado en tan solo doce días, cuando debería haberse concretado en torno a seis semanas.
Asunto por ahora en manos de los tribunales al haber indicios de supuestas irregularidades en las ofertas de Banco Santander, así como de los peritos al sopesarse una falsificación en las firmas. Motivos que han puesto en tela de juicio la liquidación de Banco Popular, así como la viabilidad de Banco Santander y el riesgo que supondría su caída para la economía patria.
Afortunada coincidencia que señalan desde KPMG, donde su socio responsable del sector financiero, Francisco Uría, advirtió que «la resolución no está para ayudar a los accionistas de los bancos, sino para proteger el interés público amenazado por la situación de una entidad sistémica». Una declaración totalmente certera para el caso de Banco Popular.
Es a partir de aquí cuando la actuación de la CNMV se antoja cuestionable para los minoristas. Esto se debe a que algunas fuentes señalan que Banco Popular arrastraba un ligero problema de liquidez desde el estallido de la crisis en 2008 a causa del ladrillo. Esto implicaría que durante los últimos diez años la entidad ha colocado productos tóxicos como bonos convertibles en acciones y deuda subordinada con una garantía de diez años sin que nadie lo evitara.
Además, los minoristas refuerzan su postura al apoyarse en los argumentos de la fiscalía. Esta concluye que se incurrieron en delitos tales como estafa a inversores, información privilegiada y bajada forzada del precio de la acción con ataques continuados que provocaron una retirada masiva de depósitos. Estos envites bajistas no fueron detenidos por la CNMV, a diferencia de los sufridos por Liberbank. Un agravio comparativo que acarrearía una posible responsabilidad penal para el regulador.
Pese a ello, cabe decir que la actividad supervisora y sancionadora de la CNMV es constante. De hecho, en los últimos tres años sumó más de cien multas con importe cercano a los 33 millones de euros. Un resultado pobre si nos fijamos en que gastó casi la misma cuantía en la supervisión de las entidades cotizadas solo en 2015.
El regreso de Nyesa
La antigua Inbesós tomó su nombre actual en 2009 tras la entrada en la entidad del grupo inmobiliario Horcona para pasar a llamarse Nyesa Valores Corporación. Nombre bajo el que por segunda vez regresaba al Mercado Continuo tras seis años sin cotizar y con una profunda transformación interna. Todo ello gracias a una importante reducción de deuda y a una reestructuración de patrimonio. Fruto de este esfuerzo, el patrimonio neto del grupo a su vuelta al parqué ascendió hasta los 35 millones de euros, volteando el patrimonio neto negativo que tenía a 31 de diciembre de 2011.
La penny-stock, o ‘chicharro’ en el argot bursátil, recuperaba el valor con el que abandonó el Mercado Continuo, 0,17 euros por acción. Además, se estrenaba con una subida del 68,23% en la primera sesión, en la que llegó a alcanzar los 0,59 euros por acción, lo que atrajo a los especuladores intradía. A partir de entonces, solo se anotó pérdidas en las siguientes sesiones.
La consecuencia, el desplome de los títulos hasta un 91,7% en los primeros diez días, dejando el valor de la acción en los 0,049 euros. Precio sobre el que ha oscilado en las sesiones posteriores. De este modo, la capitalización de Nyesa se redujo hasta los 96,53 millones de euros debido a las presiones bajistas, tildadas de «interesadas en favor de los rusos» por parte de los minoristas. Todos ellos señalaban en la misma dirección: a los accionistas mayoritarios, Grupo Gaber (27,22%), Grupo Eldarov (15,76%), Aqualdre (12,56%), Fanumceo (9,17%), o el Banco Santander (6,41%).
La montaña rusa de Vértice 360º
En el caso de Vértice 360º, su regreso al Mercado Continuo se produce tras casi cuatro años de suspensión de la cotización. Y al igual que ocurrió durante su salida del parqué, la polémica sobrevuela en su regreso. Los motivos: un informe con perspectivas no muy optimistas, un valor de las acciones de dudosa cuantía para los minoristas y una presunta oferta pública de adquisición (OPA) de Squirrel Capital sobre la compañía.
El regreso de Vértice 360º ha sido avalado por el regulador pese a un informe de la propia compañía en el que se recoge la posibilidad de liquidación o el incumplimiento del plan de viabilidad entre otras complicaciones. Hecho que genera la suficiente incertidumbre como para pensar en que el valor de los títulos no se adecúa a la realidad de la empresa y sopesar en que distorsione las decisiones de los minoristas.
No es para menos, ya que el pensamiento de los inversores se centra en las acciones pertenecientes a los derechos de suscripción preferente del aumento de capital ejecutado el pasado 23 de enero; de los que se han ejercido el 95,53% del ellos, y cuyo fin era viabilizar la compañía para poder seguir cotizando en el Mercado Continuo.
La CNMV finalmente ha eximido a Squirrel Capital de la obligación de formular una OPA sobre Vértice 360º
Desde luego, el recelo de los inversores es algo patente. Tanto es así que ya se han escuchado las primeras voces sugiriendo irregularidades al tiempo que la CMNV ponía a disposición del público un canal para comunicarle posibles violaciones del mercado.
Por otro lado, la CNMV finalmente ha eximido a Squirrel Capital de la obligación de formular una OPA sobre Vértice 360º. La razón radica en que esta controla la compañía gracias a las últimas ampliaciones de capital, de las que capitalizará los préstamos obtenidos durante estas.
Esta situación ha provocado que se lleve a cabo una operación acordeón. Para ello se ejecutará simultáneamente una reducción y ampliación de capital para compensar las pérdidas de los últimos ejercicios. Esto provocará que Squirrel adquiera una participación superior al 51% de Vértice 360º. Razón por la que los minoristas sopesan que la CNMV ha mirado más por las empresas que por ellos.
Consecuencias en los mercados
Con los tipos cercanos a cero y un sector inmobiliario en plena recuperación, la desconfianza ha jugado un papel fundamental en los pequeños inversores. En este momento, prefieren un depósito que no llegue a un 1% de retribución anual frente a cualquier otro producto financiero. Sin duda se trata de una gran oportunidad perdida por aseguradoras y bancos por cambiar la dinámica inversora de los clientes.
No en vano, estamos en un país en el que los bancos aún tienen la potestad casi en exclusiva para entrar a los mercados, tanto al secundario como al continuo, y cada vez son más casos en los que la mala praxis o la legislación fallan a favor de las empresas que de los pequeños inversores
Fórum Filatélico, Bankia, o la venta en entredicho de Banco Popular a Banco Santander, son algunos de los ejemplos. Por ello no es de extrañar que determinados sectores tiendan a la descentralización. En especial, gracias a las economías colaborativas en pos de mercados que son mejor conocidos por los inversores, como el sector inmobiliario. Y es que la falta de información, el desconocimiento y una pobre educación financiera son los conductores principales de una coyuntura que se está cobrando los excesos de la banca, las empresas y que acaba socializando las pérdidas ante la pasividad de los reguladores.
Todas estas incidencias suponen no solo un coste de oportunidad para los inversores, sino un agujero en las arcas del Estado superior a ciento veinte mil millones de euros desde el comienzo de la crisis, el equivalente a un 10% del PIB. Cifra a la que no sumamos lo perdido por miles de familias con el ‘Caso Bankia’ y la liquidación de Banco Popular. Y la CNMV, ¿a dónde miraba?
