La jungla en la que se ha convertido el panorama político catalán está provocando una sucesión de rostros de vida efímera que en escaso periodo de tiempo se carbonizan ante la irrespirable atmósfera que se sufre. Uno de los personajes que más están dando que hablar en los últimos meses es Rogger Loppacher, que según Crónica Global aspira a presidir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, mastodonte propagandístico de la Generalitat que engloba a 7 cadenas de televisión, 4 radios, decenas de páginas web y una agencia de noticias. Estos medios son elaborados por 2.300 empleados que absorben más de la mitad de los 300 millones de euros que son presupuestados para TV3 y compañía.
Pero no lo tendrá fácil este directivo de currículum ligado al pujolismo entre 1993 y 1999. En este periodo fue designado jefe de los Servicios Jurídicos de la Consejería Política Territorial y Obras Públicas, trabajó posteriormente en la Dirección General de Transportes, en el área jurídica de la Consejería de Salud, en el área jurídica de Educación, y fue secretario general de las Consejerías de Gobernación, carrera meteórica que remató al ser elegido director general de Medios Audiovisuales en 2002. Un año después «el tripartito» le devolvería a la tierra firme, de la que le sacó Artur Más al nombrarlo vicepresidente de La «Corpo» entre 2008 y 2012, momento en el que tomó las riendas del CAC.
Esta decenas de cargos a dedo le pueden complicar su futuro, ya que desde fuentes cercanas al PDeCAT señalan que se busca «un perfil menos politizado» y en ERC cuentan con otros candidatos más regeneracionistas. Pero Loppacher intentará relevar a otro miembro de la vieja guardia pujolista, Brauli Duart. Eso sí, jugará sus cartas sabiendo que cuenta con demasiados enemigos en el Parlament. Y éstos los ha encontrado por tomar controvertidas decisiones al frente del CAC, organismo del que fue elegido, de aquellos polvos, con el voto favorable del PP y con la abstención del miembro socialista. Estos dos representantes junto a la de la extinta Unió se han convertido en un quebradero de cabeza para él, que en algunas ocasiones solo cuenta con el apoyo de otros dos consejeros designados por Ciu, hecho que le obliga a utilizar un voto de calidad tan necesario en ciertas ocasiones como poco decoroso.
Pero tampoco se le puede pedir demasiado al CAC, que cuenta con 6 miembros entre los que no se encuentra ningún periodista y cinco son ex diputados.
Es decir, una puerta giratoria de manual. Y con altos costes: 60 millones de euros entre 2008 y 2016, con sueldos anuales para los consejeros de más de 100.000 euros y 110.000 para su presidente, que sin embargo sueña con presidir «la Corpo», donde el sueldo le subiría hasta unos astronómicos 130.000.
No aterrizaría Loppacher con buen pie en TV3, cadena cuyo director ha amenazado en público con dimitir si
la sangre de Hacienda llega a un río que inundaría de
vacío la parrilla de la cadena líder en Catalunya.
Las polémicas del CAC
Bajo el mandato de Loppacher se ha vivido la situación más conflictiva a nivel interno en el CAC, que en los tres últimos años ha dirimido más de 50 asuntos sin unanimidad, hecho inaudito en el organismo regulador audiovisual. Este tipo de «chiringuitos» en
Europa abundan y en España por suerte escasean (solo existen en Andalucía y Catalunya, y ni siquiera hay uno estatal), pese a lo cual tampoco gozan de gran prestigio en la comunidad catalana. En especial por las polémicas que han salpicado el mandato de este directivo: en 2014 el CAC abrió expediente a la SER, COPE y Onda Cero, amenazadas con multas de hasta 90.000 euros, porque se negaron a emitir la publicidad del referéndum ilegal del 9-N,
por el que Artur Mas, protector de Loppacher, ha tenido que responder con su patrimonio personal. También Loppacher utilizó su voto de calidad para permitir que TV3 y Catalunya Ràdio emitieran publicidad gratuita del referéndum del 1-O en contra del criterio del Tribunal Constitucional, y en los últimos meses el CAC se pronunció en favor de Mónica Terribas por su particular show sobre la llegada de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado del pasado 22 de septiembre. Esta misma semana el CAC publicaba un informe en el que se que destaca la supuesta pluralidad de TV3 y Catalunya Ràdio en el 21-D, cobertura multada por la Junta Electoral de Barcelona por sesgada. El señalado informe, en el que se analizaron centenares de horas de cadenas estatales sobre las que este organismo no tiene competencias, supuso un gasto de 16.400 euros, penúltimo exceso de un directivo al que se le pueden cerrar las puertas del cielo audiovisual catalán.
