La Justicia es lenta, pero parece que lleva paso firme y seguro. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha decidido llevar a juicio a los seis hijos de José María Ruiz Mateos y otras nueve personas por el caso Nueva Rumasa. Lo ha hecho tras varios años de investigación, y les acusa de ocho delitos continuados de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Han sido años de investigación judicial en el que el magistrado hace un perfecto relato sobre la estructura empresarial que había montado el fallecido Ruiz Mateos. Un emporio corporativo con pies de barro que en 2009, y ante su desmoronamiento, le obligó a intentar buscar la forma de salvar el Grupo Nueva Rumasa. Para ello, decidió captar fondos para revertir la «práctica insolvencia» en la que estaban las empresas, pero también para «aplicarlos en su propio beneficio», relata. De este modo, la empresa se lanzó a una gran oferta de inversión en las empresas del Grupo, con una retribución muy elevada, lo que -a juicio del juez- «daba una imagen de solvencia y bonanza empresarial que en ese momento carecía de sustento real».
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Una idea que no partió de José María Ruiz Mateos, sino de sus hijos y el consejero delegado del grupo, Manuel Sánchez Marín, y que les permitió conseguir -al menos- a 4.110 personas que invirtieron su dinero. Más de 337 millones de euros recaudados, según los acusados, aunque los extractos bancarios dejan entrever cantidades menores: 243,4 millones de euros.
¿Y cómo se estructuraba el entramado empresarial de Nueva Rumasa?
Pues el juez relata que era un complejo entramado empresarial internacional, con un centenar de sociedades extranjeras. Muchas de ellas basadas en países de «escasa o nula» tributación: Belice, Antillas Holandesas, Panamá, Suiza, Islas Vírgenes, Holanda, USA, Andorra o Chile, entre otras. De hecho, varias de esas sociedades eran empresas españolas que, a la vez, contaban como socios a otras empresas domiciliadas en paraísos fiscales. ¿Objetivo? Simple: «obtener la mayor opacidad para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes de Nueva Rumasa», argumenta el juez en su auto. Todas ellas tenían un denominador común: la familia Ruiz Mateos, aunque estuvieran dirigidas o administradas por más de una decena de testaferros.
Lo que no está claro es el número de sociedades que existían. Públicamente los Ruiz Mateos reconoce que existen 107 empresas; sin embargo, la Audiencia Nacional ha encontrado documentación interna en la que aparecen 171, y si se sigue tirando de la madeja hay relación con hasta 445 sociedades diferentes, aunque «la relación última de algunas de ellas con Nueva Rumasa resulta accidental o no se conoce con exactitud».
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Así que para facilitar la tarea, se ha hecho una clasificación de cómo funciona el entramado familiar de los Ruiz Mateos:
- Sociedades productivas: Buena parte de ellas compradas entre 2003 y 2008, con un gran volumen de negocio, multitud de proveedores, clientes y empleados. Se declararon en concurso entre 2010 y 2011 la mayor parte. Entre ellas están Clesa, Dhul, Hibramer, Maspalomas Hoteles, Bodegas Garvey (que acaba de comprar el grupo filipino Emperador).
- Sociedades patrimoniales inmobiliarias: Controlan las distintas residencias de la familia Ruiz Mateos. Desde el chalet en Aravaca, a la vivienda familiar de Sotogrande, pasando por otras muchas en toda España. Según explica el auto judicial, el esquema era el siguiente: una sociedad española era propietaria del inmueble. Ésta, a su vez, era participada por una sociedad basada -casi siempre- en Belice y un miembro de la familia Ruiz Mateos que era el beneficiario del inmueble. Esa persona era el apoderado de la sociedad extranjera y el administrador de la española. De este modo, la sociedad de España recibía el dinero de Nueva Rumasa para hacer frente a los gastos de mantenimiento de las propiedades. Casi siempre a través de cuentas del Santander.
- Sociedades patrimoniales de control: Buena parte de ellas en Belice. Son las propietarias de las sociedades productivas y de las marcas comerciales. Todas ellas atún en España a través de apoderados que están vinculados a la familia. Así, por ejemplo, el juez destaca a Bleta International, Calwell Alliance, CEslow Business y Spadoni Navigation como las principales. De hecho, habla de cuentas bancarias de no residentes en bancos españoles a través de los que circularon más de 17 millones de euros.
- Sociedades fuelle: Destinadas al descuento de efectos, reales o ficticios, para lograr financiación a corto plazo.
- Sociedades instrumentales: Las clásicas pantallas sin ningún tipo de actividad real.
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En total, y según el auto judicial, Nueva Rumasa contaba con más de 4.067 cuentas bancarias en 117 entidades financieras. Santander era la entidad donde más operaban, ya que al sumar las de la propia entidad con Banesto salen 724 cuentas en ella. De hecho, el propio juez explica que esta entidad financiera fue el centro de las operaciones de crédito con un riesgo, a enero de 2009, de más de 450 millones de euros. En total, cerca del 44% del riesgo del Grupo Nueva Rumasa, muy por encima del segundo acreedor, que es CajaSur, que tiene el 5,4% del total.
Por su parte, Banco Etcheverría era la entidad que se utilizaba para centralizar y distribuir todos los fondos del Grupo entre 2009 y 2011. Allí iba a parar todo el dinero que lograban las empresas productivas, pero también lo que lograron de la famosa emisión de bonos garantizados. Todos esos fondos se distribuían en distintas cuentas del Grupo en la entidad, y después a través de dos sociedades: Bardajera y Janer&Bayly.
A partir de aquí el magistrado hace un completo repaso de los distintos movimientos empresariales de los Ruiz Mateos, pero es es harina de otro costal que contaremos en otro capítulo.
