Varapalo a los sindicatos de la televisión pública valenciana, que hoy esperaban ver cómo la Audiencia Nacional avalaba su tesis de que los despidos tras el cierre de la Radio Televisión Pública Valenciana estaban injustificados. La Sala de lo Social ha desestimado la demanda que plantearon, y considera que concurrían razones «idóneas, razonables y proporcionadas» para baja la persiana y despedir, posteriormente, a los 1.600 empleados que trabajaban en Canal Nou.
Para los jueces el despido colectivo por la compañía se ajusta a derecho, ya que al desaparecer la personalidad jurídica de Radio Televisión Valenciana (RTVV) es «palmario» que se tienen que extinguir los contratos. No sólo eso, es que argumenta que está probado que existía una «sistemática y continuada situación de insuficiencia presupuestaria» y que ni siquiera «las aportaciones de la Generalitat Valenciana alcanzaban a sufragar el coste del Grupo». En concreto, argumenta que los ingresos pasaron de 28,4 millones en 2008 a algo más de 5,6 millones en 2013, lo que supone una caída del 80%.
La Audiencia Nacional estima que es razonable que el Gobierno de Valencia optara por el cierre para no asumir más pérdidas económicas
Pese a todo, los sindicatos exigían la nulidad porque consideran que las causas económicas, unidas a la desaparición de la sociedad no constituyen causa suficiente para extinguir los contratos. Sin embargo, la Audiencia Nacional entiende que sí se pueden extinguir siempre que «no exista fraude de Ley o abuso de derecho».
A partir de aquí, la sentencia de la Sala de lo Social es demoledora para los intereses de los trabajadores. Hace un completo relato sobre sobre la «negativa, por no decir calamitosa» evolución económica de RTVV. Y asevera que buena parte de la situación viene provocada «por una plantilla muy superior a la necesaria, junto a una reducción de ingresos públicos y privados que la obligaron a un fuerte endeudamiento», relata. Fija para ello unas pérdidas de 212 millones de euros, y que las acumuladas entre 2009 y 2012 ascendían a algo más de mil millones de euros, «lo que demuestra que el modelo inicial de la radiotelevisión de la Comunidad Valenciana había fracasado».
Una situación calamitosa en RTVV
Los magistrados culpan también a los sindicatos de lo ocurrido. Reconocen que existe una Ley regional /¡(Ley 4/2013) que habla del servicio público que debe ofertar la nueva RTVV que se quería crear en aquel entonces. Sin embargo, creen que la subrogación de contratos y la sobredimensión hicieron que llegara a una situación «lamentable». Y achaca a la falta de acuerdo en las consultas previas al despido colectivo el «quebranto a la viabilidad del nuevo modelo de radiotelevisión, porque provocaba inevitablemente un aumento de costes sobre los ya existentes».
De hecho, consideran que no era viable promover un nuevo Expediente de Regulación de Empleo -tal como proponían los sindicatos- dado que la situación del Grupo «acreditaba el sobredimiensionamiento de la plantilla y no se llegó a un acuerdo en el período de consultas». Por tanto, considera «razonable» que el Gobierno de Valencia concluyera que la alternativa multiplicaría los costes, habría más pérdidas y esto iría en detrimento de otros servicios públicos dado que el dinero saldría de la propia Generalitat Valenciana.
Entiende, por tanto, que el Gobierno de Valencia era consciente de que RTVV «ha supuesto pérdidas milmillonarias para el erario público y unos costes sociales, políticos, culturales e identitarios extremadamente graves, que asumió con todas sus consecuencias, puesto que la supresión del servicio público supone reconocer objetivamente que no se supo gestionar debidamente por sus responsables”.
La demanda desestimada por la Audiencia Nacional fue promovida por CGT (que ya ha anunciado que recurrirá) y a ella se adhirieron el resto de sindicatos: CCOO; STAS-IV; UGT; CSIF; y USO.
