Hace un año se pidió a la Intervención General de la Administración General del Estado un informe pericial sobre las auditorías de Let’s Gowex y Gowex Wireless realizadas por José Antonio Díaz Villanueva para M&A. Era evidente que muy bien no estarían, o Díaz Villanueva no habría ingresado en prisión preventiva, pero el informe definitivo deja claro el alcance de su incompetencia o de su mala fe.
Incumplimiento de las normas técnicas
«Podemos concluir que, en las auditorías de las cuentas anuales de Let’s Gowex y Gowex Wireless se han incumplido las normas técnicas de auditoría, pudiendo tener un efecto significativo sobre el resultado del trabajo de auditoría y, por consiguiente, sobre el informe de auditoría», concluye el informe de 40 páginas suscrito por la perito judicial María Ángeles González Calvo al que tuvo acceso merca2.es. «Este incumplimiento está tipificado como infracción grave en el real decreto legislativo 1/2011 de 1 de julio», añade.
El informe subraya que entre 2010 y 2013 la auditora no tenía papeles de trabajo, programas de los mismos ni, en suma, las cosas que debe presentar una auditoría. Se limitaron a trabajar con los libros mayores de las cuentas de la sociedad y otra documentación, «sin que pueda concluirse sobre la naturaleza y alcance de las verificaciones efectuadas por los auditores, ni sobre el resultado de estas verificaciones«.
«No queda constancia de que los auditores hayan realizado pruebas para obtener evidencia suficiente y adecuada que permita obtener una base de juicio razonable para poder expresar una opinión sobre las cuentas anuales de Let’s Gowex y Gowex Wireless», explica el informe, que recuerda además que las cuentas de Gowex Wireless y sus sociedades dependientes deberían haberse formulado y calculado de forma independiente.
Las declaraciones de los protagonistas
El juez Santiago Pedraz, del juzgado central de instrucción número 1, oía declaración ayer a tres protagonistas del caso. Por un lado, Ignacio Navarro Alventosa, administrador de varias sociedades, por la facturación ficticia habida con Let’s Gowex.
Asimismo, el juez se reunió con Javier González Martín y Juan Pablo Martín Herraz, ambos titulares de la sociedad Seasuntel, sociedad emisora y receptora de facturas de Let’s Gowex y Gowex Wireless que «indiciariamente no se corresponden con servicios o suministros reales». Además, González Martín controla, junto a su esposa, un 75% de las participaciones de JP Gris Inversiones, accionista a su vez de Let’s Gowex.
El primero, al que se le imputaba haber colaborado con la creación de facturas falsas de su empresa a Gowex, trató de hacer creer en su intervención ante el juez que dichos papeles no eran falsos, sino que luego se compensaron entre las que se debían entre las dos sociedades. Ha llamado la atención que muchas de las sociedades que emitían esas facturas, carecían de trabajador alguno, y por ello el investigado afirmaba que contaba con trabajadores autónomos externos.
Los dos siguientes, que son primos carnales de Jenaro García, han declarado que, si bien figuraron como administradores de unas sociedades desde las que se emitieron facturas falsas, uno de ellos en 2003 vendió todas sus participaciones a Jenaro, sin volver a tener contacto alguno con la sociedad desde entonces, y el segundo en el mismo sentido desde el año 2.007, siendo su única relación con Gowex desde entonces la colaboración con la creación de páginas web.
El siguiente paso –de los pocos que quedan- será la ratificación de la perito en el Juzgado respecto de su informe.
José Antonio Díaz Villanueva señalaba recientemente al MAB, la CNMV y E&Y por su falta de supervisión en la compañía de wifi en un escrito remitido a la Audiencia Nacional. El investigado, antiguo imputado, pide que se remitan todas las comunicaciones entre el MAB y la CNMV para saber por qué no fueron capaces de detectar las irregularidades.
El escándalo de Gowex estalló en julio de 2014 después de que la firma de análisis Gotham City Research publicara un informe en el que aseguraba que el valor de los títulos de Gowex era de cero euros, tras lo cual el operador de wifi se desplomó en el MAB y su consejero delegado, Jenaro García, dimitió tras reconocer que falseó las cuentas durante, al menos, cuatro años.
En el procedimiento están investigados el expresidente de Gowex, Jenaro García; su mujer, Florencia Maté; el director financiero, Francisco Martínez Marugán; el auditor de la compañía, José Antonio Díaz Villanueva; y el letrado asesor de Ernst & Young Francisco González Carrera. Se les atribuyen delitos societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, y los relativos al mercado de los consumidores, concretamente el de falseamiento de información económica y financiera y el de uso de información relevante.
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