La juez que instruye el caso de las indemnizaciones millonarias al anterior Consejo de Abengoa cree que el expresidente, Felipe Benjumea, abandonó la sociedad «en un acto valorado y aceptado voluntariamente por él. No consta que nadie dentro de Abengoa, y mucho menos dentro de su Consejo de Administración, le obligara o coaccionara, ni siquiera aconsejara, la adopción de tal decisión», dice la magistrada Carmen Lamela, en el auto en el que anuncia su intención de llevarle a juicio junto al ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega y el actual presidente, Antonio Fornieles.
Contradice de esta manera la versión del propio Benjumea, en la que asegura que fue el ‘Sindicato’ bancario el que le obligó a marcharse para poder llevar a cabo la refinanciación de la compañía. Sin embargo, Lamela incide en el auto que tan sólo existió «una recomendación» por parte del presidente de Santander España, Rodrigo Echenique; algo que ni siquiera llegó por parte del HSBC cuyo presidente, Pablo López-Henares Sancho, «no se opuso a la salida porque para ellos era indiferente para la firma del acuerdo» que el entonces presidente continuara o no al frente de la misma.
No sólo eso. Es que la magistrada va un paso más allá e incide en que la decisión de marcharse fue premeditada, y acordada con el Consejo de Abengoa por la «celeridad» con la que se celebró la reunión sobre su marcha. No acaba ahí la cosa, porque la propia magistrada reconoce que le extraña que esa inexistente condición del «Sindicato» bancario fuera «más importante que otras de carácter económico que no se cumplieron», sentencia la juez.
De hecho, la propia magistrada recuerda que al final los bancos no permitieron la refinanciación y, por tanto, la ampliación de capital por no cumplirse con las condiciones económicas que se habían pactado. Por tanto, Lamela concluye que de los que se trataba era de conseguir que «Benjumea recibiera una cantidad de dinero extremadamente importante».
Benjumea percibió más de 11 millones de euros y Sáchez Ortega más de 4 millones en pleno proceso de reestructuración de Abengoa
Y tan importante, porque el Auto recuerda que el expresidente de Abengoa percibió una remuneración de11,4 millones por su supuesta salida, en la que incurría una cláusula de no competencia. Sin embargo, el auto recuerda que pasó a formar parte del Consejo Asesor, por lo que no quedó desvinculado de la empresa de renovables. Idéntico argumento al que emplea para asegurar que al exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, tampoco le correspondía la cantidad de no competencia. De hecho, éste percibió una indemnización superior a los 4 millones y medio de euros.
El Auto de la magistrada de la Audiencia Nacional deja claro que tanto Benjumea como Sánchez Ortega salieron de forma premeditada de la compañía y con la intención de sacar tajada. Lo hemos visto ya con el expresidente, también con el exconsejero delegado quien abandonaba el puesto «por motivos personales y/o de salud. Sin embargo, le extraña a la jueza que «pase a continuación, sin solución de continuidad, a prestar sus servicios en BlackRock. Una actividad distinta a la desempeñada hasta entonces en Abengoa, que suponía un esfuerzo añadido que no parece acorde con su intención de emplear menos energías en su actividad profesional», sentencia.
La apertura de juicio
Por todo esto, y tras un minucioso y detallado repaso por cómo se produjo la salida de los dos principales responsables de Abengoa, la Audiencia Nacional ha optado por la apertura de juicio contra Sánchez Ortega y Benjumea; así como del actual presidente y algunos miembros del Consejo de entonces.
Una noticia que llega -casi en paralelo- a la tanda de despidos que ha anunciado la «Nueva Abengoa». El objetivo es seguir reduciendo plantilla a costa de las filiales. De hecho, ha optado por despedir a casi 200 trabajadores de Abencor y Abeinsa. En concreto, y según datos de la multinacional sevillana, desde que comenzara el proceso de reestructuración se han destruido cerca de 9.000 puestos de trabajo.
