La gestión de Calle 30, la gran obra de Alberto Ruiz-Gallardón que supuso un endeudamiento de 2.500 millones de euros a todos los madrileños, está ahora en cuestión. Es la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid quien duda de que el sistema empleado para canalizar su mantenimiento –a través de la sociedad Madrid Calle 30- sea el más indicado, ya que considera que existen “ineficiencias” que, de subsanarse, harían que fuera mucho más rentable para todos los madrileños.
Esta sociedad fue creada para que el consistorio –según el empeño del Ayuntamiento de entonces- no tuviera que anotarse de forma directa a la deuda por la reforma de la M-30 (y reducir el déficit). Así que para ello se creó una sociedad mixta participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid y en un 20% por la Empresa de Mantenimiento Explotación (EMESA) –que conforman Ferrovial, Dragados (ACS) y API-. Una estructura que, en 2011, Hacienda y la Unión Europea, rechazaron, por lo que -al final- el Ayuntamiento tuvo que ‘comerse’ la obra entera.
Una empresa en la que, según se puede ver en el documento de la Cámara, solo tiene los ingresos que otorga el “Ayuntamiento por los servicios prestados que reciba”. En concreto, el consistorio ingresa en el entorno de los 125 millones ingresados en 2013, aunque nunca podrán superar los 128 millones. De ahí se pagan los gastos de la sociedad que, en este momento, son los siguientes: mantenimiento de la vía y la tributación, según reza el informe de la cámara. Un entramado perfecto que, según se puede ver, favorece claramente a las empresas privadas en detrimento del Ayuntamiento.
El ingreso de las constructoras
Tanto Ferrovial como ACS reciben dinero por distintas vías. La primera de ellas, que no la más importante, los contratos de mantenimiento. Ambas empresas –además de socias- tienen blindado el contrato para esta tarea durante 35 años. Algo que les ha reportado 27 millones de euros en 2012; y 26.8 millones en 2013.
De hecho, el propio informe de la Cámara de Cuentas sentencia que “el modelo económico de la concesión incluye la remuneración del socio-colaborador entre los costes de explotación de la sociedad mixta, pero luego no la tiene en cuenta para calcular la rentabilidad de los servicios de éste”.
Es más, el documento asegura que existe “una gran ineficiencia como consecuencia de la gran diferencia existente entre lo facturado por Madrid Calle 30 al Ayuntamiento y lo facturado por EMESA a Madrid Calle 30 en concepto de conservación y mantenimiento de esta vía ya que, además de dicho concepto, la facturación al Ayuntamiento incluye impuestos más elevados sobre el Valor Añadido y los Beneficios, así como los dividendos que puedan generarse, de los que parte vuelve a revertir al propio Ayuntamiento”.
Pero Ferrovial y ACS no sólo cobran por el mantenimiento. También lo hacen a través de la devolución de un préstamo subordinado que hicieron a Madrid Calle 30. Algo más de 125 millones de euros a un tipo fijo de interés del 5,5% anual y cuyo mantenimiento “es cuestionable, una vez que la financiación contra proyecto ha desaparecido de la empresa”. Un reporte anual de, entre, 6 y 7 millones de euros hasta el 2025 cuando habrá que afrontar la devolución del capital principal del préstamo.
La financiación de la compañía proviene del dinero que el Ayuntamiento de Madrid ingresa en ella. Una cifra no superior a los 128 millones, según dice el contrato inicial, que le permite –también- tener beneficios. Eso hace que los accionistas se repartan dividencoas. La mayor parte, obviamente, vuelve al Consistorio, el resto va a EMESA, que ingresó 8.5 millones en 2012 y 2013, respectivamente).
la Cámara de cuentas cree que el préstamo de los accionistas privados debe devolverse
En definitiva, que –cada año- Ferrovial, Dragados (ACS) y API ingresan algo más de 45 millones de euros. Legal, sí, pero carente de sentido a juicio del Tribunal de Cuentas que –como se ve- cree que podría hacerse una gestión mucho más eficiente. Sin embargo, deshacer este entuerto resulta complejo. El Ayuntamiento de Madrid quiere ahora emplear el documento para revisar los acuerdos. Sin embargo, hasta el 2025 no se abre la ventana a una ruptura unilateral del contrato.
De hecho, para que eso ocurra, las condiciones impuestas son fuertes. Tanto, como que si es el Consistorio quien rompe, tendrá que abonar el valor en libros del 20% del capital. Según cálculos realizados por El Español, supondría un coste cercano a los 200 millones de euros, ya que hay que sumar la devolución del préstamo subordinado.
¿Qué ocurrirá? Es pronto para saberlo todavía, pero todo apunta a que por mucho que Carmena quiera, el contrato con Ferrovial y ACS seguirá vigente durante muchos años más.
