El 2017 acaba de empezar, pero ya nos ha dejado la primera noticia llamativa del año. Y es que, para celebrar la legalización de la marihuana en el estado de California a alguien se le ocurrió la idea de modificar temporalmente el letrero más famoso de toda la ciudad de Los Ángeles -y un símbolo de la industria del cine mundial-. Así, de Hollywood pasó a rezar Hollyweed.
Un juego de palabras que en español vendría a traducirse como hierba santa -o sagrada– y que vino a ratificar la decisión de que a partir del pasado domingo, la posesión, la venta o el consumo de esta sustancia no estará constituido como un delito penal en este estado bañado por las aguas del Océano Pacífico.
Aunque esta no ha sido la única modificación que han sufrido las famosas nueve letras que coronan el monte Lee de la ciudad. De hecho, ya en 1976 se modificó – a base de lonas- el mismo para darle el mismo significado que el que se ha hecho en la actualidad. El autor de aquella obra –como la llegaron a denominar algunos– fue Daniel N. Finegood.
Sin embargo, debe dejarse a un lado el acto vandálico en sí y quedarse en el fondo de la cuestión ¿Acabarán todos los países por despenalizar el consumo de este tipo de sustancias?
Lo cierto es que parece que a esta tendencia es la que siguen y a la que cada vez se van acercando más algunos estados occidentales. De hecho, sin salir de Estados Unidos, Colorado, Washington y Oregón ya habían legalizado con anterioridad su consumo para el ocio.
A nivel de Estado, para la nación americana, el sector habría generado un total de 5.700 millones de de dólares para el año 2015, lo que supondría un ascenso bastante significativo si se tiene en cuenta que en 2014 se mantenía en los 4.600 millones, según los datos que se desprende del informe realizado por ArcView Group. De seguir esta tendencia, se espera que para 2020, solo el mercado estadounidense ingrese 22.800 millones.
Por otro lado, en nuestro país, este tipo de propuestas han sido defendidas ya por dos partidos con gran peso en la escena política actual y que suman diputados en el Congreso de los Diputados: Ciudadanos y Podemos.
Las dos formaciones de nueva generación -aunque después de tanto alboroto político ya se haya olvidado- se presentaron a las primeras elecciones del 20 de diciembre de 2015, que ya tan atrás han quedado, defendiendo una regularización y despenalización del consumo, o por lo menos poniendo sobre la mesa la idea de debatir acerca de esta cuestión.
«El primer paso que se debe dar es que se abra al uso terapéutico. En Francia y en Italia ya se han dado los primeros pasos en este sentido. Hay que pensar en todo lo que ahorraría a nuestro sistema sanitario, al poder sustituirse por otros fármacos más costosos», admiten desde la FAC.
Por otro lado, desde la misma Federación de Asociaciones Cannábicas(FAC) defienden este cambio de visión de la nueva política: «Su enfoque es totalmente diferente al que hemos sufrido con el bipartidismo del PP y del PSOE en los últimos años. Están realmente comprometidos con un cambio».
La nueva política ha llevado al parlamento de las Islas Baleares a trabajar con una ponencias de estudio sobre esta cuestión
Esta nueva visión ha llevado a que en el Parlamento autonómico de las Islas Baleares se estén preparando unas ponencias de estudio sobre esta cuestión, lo que desde el sector del activismo lo consideran como un primer paso en este camino.
«Las promesas han cristalizado en, por ejemplo, estas ponencias de estudio sobre su uso terapéutico. Te abren las puertas del parlamento autonómico para debatir sobre esta cuestión, para quitarnos ese estigma social con el que contábamos hasta hace poco. No somos perroflautas que quieren ir tirando cogollos por la calle; buscamos que se regularice la situación, se controle y en definitivo aportar a la sociedad y a la sanidad pública«, admiten desde FAC.
Sin embargo, el modelo que los representantes de este movimiento defienden en ningún caso buscarían asemejarse al modelo estadounidense, debido a la tendencia activista y de movimiento social de las mismas en nuestro país, lejos del capitalismo y la economía de mercado más característica de Estados Unidos.
«A nivel particular me parece que el mejor modelo es el de Uruguay»; admite David Rabé, secretario de comunicación de FAC. Allí es el Estado quien controla la distribución de cannabis y ofrece tres tipos de licencias: una para el cultivo particular, otra para las farmacias y una última para los clubes de consumidores.
Los jóvenes abogan por una despenalización
Lo que está claro es que la visión que se tiene sobre esta droga ha cambiado en los últimos años. De hecho, la última encuesta realizada por la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), sobre este tema, arroja unos resultados sorprendentes.
Y es que, aproximadamente el 60% de estos jóvenes estarían a favor de medidas que despenalizaran su uso, frente al 26% que estarían totalmente en contra. De hecho, el 45,5% cree que su uso debería permitirse para los adultos en privado.
Solo el 26% de los jóvenes estaría en contra de una despenalización de la marihuana
«Los últimos datos del observatorio de dorgodependencia hablan de que los jóvenes cuentan con la percepción de que es fácil acceder a la droga. Sin embargo, su consumo ha bajado. Nosotros queremos retrasar también la edad de consumo del cannabis hasta los 24 años«, admite en este sentido el propio Rabé.
Sin embargo, y a pesar de todo, cabe recordar que se trata de una sustancia con efectos negativos para los consumidores habituales. El portal de la propia FAD admite que esta sustancia produce síndrome antimotivacional entre los más habituales y puede desencadenar en psicosis o episodios delirantes, entre otros efectos; además de la pérdida de apetito.
Por otro lado, es también de destacar, que aunque no ocurre en todas las ocasiones, desde la propia fundación de ayuda a luchar contra este tipo de adiciones, se advierte en el riesgo de que algunos de los consumidores habituales de este tipo de drogas acaban desencadenando su rutina en la adquisición de otras sustancias ilícitas.
En cualquier caso, y para finalizar, cabe destacar que plantar este tipo de semillas sigue constituyendo un delito penal en nuestro país. De hecho la FAD advierte en su página web de lo siguiente: «se trata de un delito castigado con una pena mínima, a la que se tendría que enfrentar la persona que lo cultivara, de uno a tres años de prisión y una multa del tanto al duplo del valor de la droga».
