Puede parecer una ironía, pero es así. Los pijos que viven en la calle Jorge Juan de Madrid no quieren más pijos a su alrededor: los que acuden diariamente a comer y cenar a los restaurantes que se congregan en la ‘milla de oro‘ gastronómica en pleno centro de la Capital. Se trata del callejón de Puigcerdá, una de las zonas más exclusivas y de moda de Madrid, en el que se concentran media docena de locales, a los que les rodean otros tantos en las inmediaciones.
Hablamos de locales que, poco a poco, han ido adaptándose a las demandas de sus clientes y que han abierto terrazas en las aceras. Un hecho que es motivo de polémica desde hace meses con los vecinos de Jorge Juan que han interpuesto varias denuncias ante el Ayuntamiento. No sólo por la ocupación de vía pública, si no también por las molestias que, muchos de ellos, aseguran que les supone. Algo que niegan los empresarios quienes recuerdan que «hasta tenemos barrenderos privados para que la calle esté limpia en todo momento».
El caso es que esta semana agentes de la Policía Municipal precintaban el restaurante La Máquina, y ayer hicieron lo propio con Los Gallos y Babelia. El propietario de estos últimos, Pepe Caldas, explica a Merca2 que se trata de una decisión tomada a traición «pues llevamos dos años negociando con el Ayuntamiento para regularizar nuestra situación, ya que es una calle privada de ocupación pública», explica. Así que dice no entender por qué se adopta justo ahora «en Navidad, con todas las reservas hechas. Esto sólo tiene el objetivo de fastidiar», sentencia. Sobre todo, porque ahora les va a tocar devolver el dinero adelantado para las comidas de estos días, aunque prefiere «no hacer números».
Los restaurantes afectados intentan ahora recuperar la normalidad a través de la Justicia. Para ello han interpuesto un recurso que debe resolverse este viernes, cuando una juez decida si permite a estos locales una moratoria en el cierre o si, por el contrario, mantiene la decisión del Consistorio. Un aplazamiento en el que más de 200 personas -los trabajadores afectados- tienen puestas sus esperanzas, porque sino, temen que haya que echar el cierre para siempre.
Los vecinos creen que la cosa se ha ido de las manos, hay exceso de gente, malos olores e incluso se pone en riesgo la seguridad de la zona
La orden del Ayuntamiento para el cierre es clara: no cumplen con la legalidad y, por tanto, no pueden seguir funcionando. Al parecer, y según denuncian los vecinos, los cambios en las terrazas de los restaurantes «han agredido las fachadas, han aumentado los volúmenes, hay problemas de olores, de atascos». En parte, razón no les falta, porque a poco que uno se dé una vuelta por la zona a la hora de comer, se encontrará una veintena de ‘aparcas’ a la espera de dar la bienvenida a la clientela provocando enormes atascos, así como problemas de aparcamiento.
Sin embargo, la patronal insiste en que «es un problema de lentitud burócratica. Nosotros hemos pedido regularizar la situación, hemos hecho cambios que nos han pedido y, sin embargo, nunca se resuelve», explica Cristina Lanzarot, responsable de comunicación de la Asociación de Comerciantes de la calle Jorge Juan. De hecho, según denuncian los restauradores, han solicitado una reunión urgente con la Agencia de Actividades -que es la responsable de otorgar las licencias- y su directora les ha dicho que «se va de vacaciones y que hablarían a la vuelta», explica el dueño de Los Gallos mientras lamenta que su restaurante «haya sido precintado en la peor época del año».
Una situación en la que creen que hay algún tipo de interés político. Hasta el punto de que consideran que el «el Ayuntamiento quiere que las cosas fracasen. No quieren que en pleno Barrio de Salamanca haya un espacio que es el referente europeo en este modelo de asociación empresarial», sostiene Caldas, que incluso dispara contra el que considera «el cabecilla vecinal», Mariano Bobo, un vecino de la zona.
En Merca2 nos hemos puesto en contacto con él y ha desmentido tajantemente tener cualquier tipo de interés en boicotear a los restaurantes. De hecho nos ha dicho que desmiente «tajantemente» haber firmado ninguna denuncia contra nadie. Sin embargo, olvida que sí ha acudido al Pleno del Distrito de Salamanca en representación de sus vecinos para hablar de este asunto el pasado mes de julio. Mariano Bobo que, por cierto, es miembro del Consejo de la petrolera familiar de Miguel Arias Cañete, el exministro y actual Comisario Europeo.
