La judicatura española no gana para sustos. El último se lo ha dado el máximo órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Código Ético adoptado esta semana. Un documento de poco más de seis páginas en el que se recogen algunas ‘sugerencias’ que deben adoptar los magistrados en nuestro país. Y lo de sugerencias es tal cual, porque no es de obligado cumplimiento, tan sólo son recomendaciones sobre cuál debe ser su misión.
Por ejemplo, el documento recuerda a los magistrados «que ejercerán la libertad de expresión con prudencia y moderación con el fin de preservar su independencia y apariencia de imparcialidad»;que «no aceptarán regalos que excedan las lógicas consideraciones sociales»; incluso que «deben evitar situaciones de conflictos de intereses y, en el que caso de que se produzcan, ponerlas de manifiesto con la mayor transparencia y brevedad posible».
Toda una serie de puntos que «ya cumplimos en nuestro día a día» explican varios magistrados a Merca2 «ya que de lo contrario podríamos estar incurriendo en faltas graves o incluso delitos», explican dichas fuentes. Aseguran que todo lo que contiene no es algo que sea desconocido para ellos, y dudan de la utilidad real que pueda tener dado que tiene un carácter meramente voluntario.
Por eso aseguran no entender exactamente cuál es el motivo de poner en marcha este nuevo Código Ético, al que achacan una inusual urgencia por parte del Consejo General del Poder Judicial. Creen que la adopción de este nuevo Código se debe, exclusivamente, a la recomendación hecha por la Unión Europea para fortalecer la independencia e imparcialidad judicial. Algo que no se consigue con este código, explica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. A su juicio es necesario «garantizar unas condiciones laborales decentes para los jueces». De ese modo, explica, se ganaría mucho en independencia, neutralidad y, sobre todo, en agilidad de algunos temas en los juzgados.
Los jueces recuerdan que el código ético recoge temas que tienen prohibido por ley los magistrados para preservar su independencia
En caso de que los magistrados tengan dudas sobre si una cuestión puede o no afectarles a su ética, pueden optar por acudir a una nueva Comisión que se ha formado, compuesta por siete magistrados. A ella podrán consultarle todos aquellos jueces que lo deseen, pero sus dictámenes carecen de vinculación y, no sólo eso, tampoco pueden plantearse «cuestiones relativas a asuntos sometidos a investigación, enjuiciamiento o expediente disciplinario», sentencia.
Una situación ante la que el portavoz de la Asociación se pregunta para qué sirve entonces, especialmente porque la Comisión tiene 3 meses para dar una respuesta «a una cuestión que podría requerir de una respuesta casi inmediata». Por tanto, «¿para qué queremos este mecanismo?, sentencia.
