La sanidad pública es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Bienestar. Sin embargo, el mantenimiento de un tipo elevado de IVA en la adquisición de material sanitario afecta especialmente a la sostenibilidad de nuestro sistema de salud público, elevando su coste para el administrado y dificultando la incorporación de las tecnologías más punteras.
Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el establecimiento de un IVA reducido del 10% para los equipos y productos sanitarios conllevaría una reducción del gasto público de más de 800 millones de euros. Si se estableciera un tipo superreducido del 4%, el ahorro de gasto público podría ser de más de 1.300 millones de euros.
La Carga Impositiva en Productos Sanitarios en España
Actualmente, España es uno de los países de Europa con una mayor carga impositiva en materia de productos sanitarios, con un IVA más elevado que en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por ejemplo, el IVA para los instrumentos de otorrinolaringología en España es del 21%, frente al 19% de Alemania, el 20% de Francia o el 6% de Bélgica.
Mientras que en España se mantiene el tipo general del 21% a la mayor parte del equipamiento médico y sanitario, otros países como Italia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia o los Países Bajos ya están aplicando tipos reducidos de entre el 4 y el 9% de IVA en sus dispositivos médicos y sanitarios.
Esta desigualdad en la carga impositiva está generando una situación desfavorable de los consumidores de servicios sanitarios en España con relación al conjunto de la Unión Europea.
Beneficios de una Reducción del IVA en Equipos Médicos
Si el sistema sanitario público español no tuviera estos tipos mayores en el IVA para este sector, podría liberar recursos para aumentar la cantidad y la calidad ofertada en los servicios públicos sanitarios, renovando los equipos más obsoletos para incorporar las tecnologías más punteras e invirtiendo en una mayor disponibilidad de equipos que permitiera aumentar la eficiencia en la prestación de servicios público.
Estas mejoras supondrían la reducción de las listas de espera y mejora de la equidad territorial en la provisión de estos servicios, lo que incidiría, especialmente, en la población más vulnerable.
Además, esta reducción del IVA aumentaría la renta disponible de los hogares españoles en más de 300 millones de euros al año (con el tipo reducido del 10%), beneficiando la medida en mayor proporción a los colectivos con un menor nivel de renta. Con el tipo superreducido del 4%, la mejora de la renta de las familias podría ser de más de 500 millones de euros.
En definitiva, el sistema fiscal debe considerar la singularidad de la sanidad como un bien preferente, gravándola de forma consecuente con su circunstancia de bien de mérito, ya que ello mejora el bienestar social, cuando se analiza desde una perspectiva global de equidad y de eficiencia.
