Andorra sanciona la propuesta legislativa que contempla la «cesión temporal obligatoria» de viviendas desocupadas

El Gobierno de Andorra ha dado un paso importante para abordar uno de los principales problemas que enfrenta su población: el acceso a una vivienda asequible. Mediante la aprobación del proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, se busca no solo garantizar un desarrollo respetuoso con el entorno, sino también aumentar significativamente la oferta de pisos de alquiler a precios razonables.

Esta iniciativa legislativa aborda diversos aspectos, desde la cesión temporal obligatoria de pisos vacíos hasta la regulación de la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Con medidas audaces y decididas, el Ejecutivo andorrano pretende dar soluciones a corto y medio plazo a una de las «máximas preocupaciones» de la ciudadanía: la escasez y el alto costo de la vivienda en alquiler.

Cesión Temporal Obligatoria de Pisos Vacíos

Una de las principales novedades de la nueva normativa es la «cesión temporal obligatoria» de aquellas viviendas que se consideren vacías. Según el texto, se entenderá como piso vacío aquel que no tenga contrato de suministro eléctrico o que no haya registrado consumo de energía durante los dos años previos al 1 de enero de 2024. El Gobierno estima que esta medida podría afectar a unos 2.000 pisos.

El proceso comenzará con el envío de un requerimiento al titular de la vivienda, quien dispondrá de tres meses para justificar que su piso no está desocupado. En caso de que no se ofrezca una explicación satisfactoria, el Gobierno declarará el incumplimiento de la función social de la vivienda y procederá a la cesión temporal del uso de la propiedad por un máximo de 5 años. A cambio, el propietario recibirá una compensación económica equivalente a la renta de precio asequible que se establezca.

Además, el Gobierno se encargará de financiar los trabajos necesarios para que la vivienda cumpla con los requisitos mínimos de «dignidad», descontando el costo de estas obras del importe de la renta. Asimismo, se ha previsto un incremento significativo del impuesto sobre pisos vacíos, que pasará de 50 a 100 euros por metro cuadrado.

Regulación de los Pisos Turísticos

Otra de las medidas contempladas en el proyecto de ley es la prohibición de nuevas licencias de viviendas de uso turístico (HUT) y de apartamentos turísticos. Para los permisos ya vigentes, se ha establecido un sistema de caducidad temporal, que podrá ser renovado cada 3 años, pero solo si el edificio en el que se ubica el HUT cuenta con más del 30% de pisos destinados a este uso.

Según los cálculos del Gobierno, esta normativa afectará a cerca del 25% del total de casi 2.800 pisos turísticos existentes en el Principado de Andorra. Si en un plazo de 6 meses no se logra alquilar el piso cedido al Instituto Nacional de la Vivienda, el titular podrá recuperar la licencia turística.

Inversión Extranjera y Tributación

Para regular la inversión extranjera en el sector inmobiliario, la nueva ley establece que las personas físicas no residentes, las personas físicas residentes con menos de 3 años de residencia, las personas jurídicas de nacionalidad extranjera y las personas jurídicas de nacionalidad andorrana con participación extranjera superior al 25% solo podrán adquirir dos pisos en el país.

Además, se prohíben las promociones inmobiliarias extranjeras, a excepción de aquellas destinadas al mercado de alquiler, y la inversión extranjera directa de más del 25% en una sociedad andorrana requerirá autorización previa, cuando hasta ahora era del 50%.

En materia tributaria, el proyecto de ley contempla un incremento del tipo de gravamen sobre la plusvalía inmobiliaria en las transacciones de bienes inmuebles, tanto para residentes como para no residentes, en función de la ganancia y del tiempo transcurrido desde la adquisición del bien.

En resumen, el Gobierno de Andorra ha presentado una ambiciosa reforma legislativa que busca incrementar la oferta de viviendas de alquiler, regular el mercado de pisos turísticos y controlar la inversión extranjera en el sector inmobiliario. Estas medidas, junto con la congelación de alquileres hasta 2024, pretenden aportar soluciones decididas y valientes a uno de los principales problemas que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos andorranos.