El bono social eléctrico caduca el día 30 de este mes y, por el momento, el Gobierno contemporiza. No se ha hecho pública decisión alguna sobre su prórroga, lo que preocupa y mucho a un amplio sector de la sociedad, ya que los hasta hace poco indulgentes precios de la luz se han disparado. En consecuencia, cada vez se elevan más las voces que piden no solo retenerlo, sino también ampliarlo y complementarlo.
EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO
El bono social es un descuento que se aplica sobre el PVPC (Precio Voluntario para el pequeño consumidor), a un límite máximo de energía en el periodo de facturación, dentro del sistema de tarifa regulada. El sentido de esta disposición es proteger a determinados colectivos de consumidores económica o socialmente más vulnerables; en otras palabras, combatir la pobreza energética.
La normativa que regula el bono establece diferentes niveles de vulnerabilidad: consumidor vulnerable (25% de descuento y excepcionalmente, hasta el 30 de junio de 2024 el descuento es del 65%); consumidor vulnerable severo (40% de descuento; hasta el 30 de junio del 80%); y consumidor en riesgo de exclusión social, que no tiene que hacer frente a la factura eléctrica.
A pesar de las lagunas en su planteamiento -durante buena parte de su recorrido, el bono social de la luz ha sido criticado por su sistema de asignación– a finales de abril la cifra de hogares beneficiados por la medida se acercaba a los dos millones. En concreto, un total de 1.672.899 usuarios gozaban del descuento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).
LOS PRECIOS DE LA LUZ, EN ASCENSO
Dejando de lado los debates sobre su eficacia, lo cierto es que el bono enfila su extinción con la luz en plena escalada. El precio diario de la luz en el mercado mayorista había experimentado un significativo incremento en el ecuador de este mes, situándose en torno a los 48 euros por megavatio (MW). Esto significa que el suministro se ha catapultado un 57,7% respecto al mes anterior, cuando la factura se situó en los 30,4 euros/MW.
Todo indica que en las próximas semanas el coste de la luz continuará superando el umbral de los 45 €/MW, mínimo requerido para rebajar el IVA del suministro al 10% (desde el pasado marzo, se aplica el tipo normal del 21%), pero la eventual aplicación de esta ventaja impositiva no es suficiente para aplacar la inquietud.
El martes pasado, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, denunció que la finalización de las reducciones del bono social eléctrico podría provocar que miles de familias sean incapaces de hacer frente a las facturas, llegando incluso a enfrentar el corte del suministro eléctrico.
EL COLECTIVO DE AUTÓNOMOS UATAE EXIGE QUE, además de mantener el bono social de la luz, se incluya a los trabajadores por cuenta propia entre los beneficiarios de la medida
El silencio del Gobierno no se limita solo a la demanda de prorrogar el descuento, sino también a las crecientes reclamaciones de extenderlo a colectivos hasta ahora excluidos del mismo. En este contexto, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) ha solicitado al Ejecutivo que, además de mantener el bono social de la luz más allá del 30 de junio, se incluya a los trabajadores por cuenta propia entre los beneficiarios de la medida.
Uatae argumenta que los autónomos, especialmente aquellos con ingresos bajos o que operan sectores particularmente afectados por la escalada eléctrica, deben ser considerados dentro de la categoría de consumidores vulnerables para recibir apoyo adicional a través de la extensión del bono social eléctrico.
María José Landáburu, secretaria general de UATAE, destaca que «las y los autónomos son una parte fundamental del tejido económico de nuestro país», sin embargo, «muchas y muchos se pueden ver abocados al borde de la viabilidad económica debido a incrementos en los precios de la energía».
Landáburu reivindica que la extensión del bono social eléctrico para el conjunto del colectivo «no solo aliviaría esta carga, sino que también incentivaría la continuidad de pequeños comercios esenciales para nuestras comunidades y barrios».
MEDIDAS PALIATIVAS
Aunque no ha dicho ni ‘mu’ sobre la retirada o no del bono social, el Ejecutivo sí ha dado un paso adelante para intensificar la protección de los hogares más expuestos a la carestía eléctrica. Este viernes, el Gobierno y EH Bildu llegaron a un acuerdo para prorrogar la prohibición de los cortes de luz, agua y gas y el mantenimiento de la tarifa regulada para calderas comunitarias hasta enero de 2025, una medida que también decaía el próximo 30 de junio y cuya prórroga se incluirá en el próximo decreto anticrisis.
«Esta vez también las negociaciones con el Gobierno han dado sus frutos y el decreto que aprobará el Consejo de Ministros en los próximos días incluirá la prohibición de cortes de suministros básicos y la ampliación de la tarifa regulada para calderas comunitarias que vencen a final de mes», celebró la formación en un comunicado este viernes.
La prórroga de estas dos medidas, la segunda en seis meses, se suma a la que el Gobierno también pactó con Bildu para prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, vigente también hasta 2025. Esta última disposición es diferente a la suspensión de los desahucios hipotecarios hasta 2028, pactada con Podemos.
A juicio de la formación, estas tres medidas que consideran «básicas para mantener el escudo social que está beneficiando a miles de personas».
«Nuestra voluntad es mejorar así las condiciones básicas para las vidas de los y las ciudadanas vascas así como de los y las trabajadoras del Estado y sus pueblos. Seguimos trabajando para ello», explicó la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua.
