La escasez de vivienda asequible y el continuo aumento de los precios son problemas crecientes en España. La Ley de Vivienda busca abordar estos desafíos, otorgando a las comunidades autónomas la capacidad de declarar «áreas de mercado de vivienda tensionado», lo que les permite intervenir en los precios del alquiler. Sin embargo, el grupo político Sumar considera que este proceso deja demasiado margen a la «voluntad política» de las autonomías, dejando a municipios que cumplen los requisitos sin la posibilidad de actuar.
Para abordar esta cuestión, Sumar ha presentado una propuesta en el Congreso que busca dotar a las entidades locales de la competencia subsidiaria para declarar y regular las áreas de mercado de vivienda tensionado, en caso de que la comunidad autónoma no se pronuncie en un plazo de seis meses. Esta iniciativa pretende garantizar un mejor acceso a la vivienda para las familias, especialmente para los jóvenes, cuya emancipación se ha visto gravemente afectada por la crisis habitacional.
Requisitos para Declarar un Área de Mercado de Vivienda Tensionado
La Ley de Vivienda establece dos criterios principales para que una entidad local pueda ser declarada como un área de mercado de vivienda tensionado:
- Cuando el coste medio de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares.
- Cuando el precio de compra o alquiler haya subido en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma.
Según Sumar, hay municipios que cumplen estos requisitos, pero las comunidades autónomas no han actuado para declarar estas áreas, dejando a estos municipios sin la posibilidad de intervenir en los precios del alquiler.
Dotar a las Entidades Locales de Competencia Subsidiaria
Para remediar esta situación, la propuesta de Sumar busca otorgar a las entidades locales la competencia subsidiaria para declarar y regular las áreas de mercado de vivienda tensionado, en caso de que la comunidad autónoma no se pronuncie en un plazo de seis meses. De esta manera, los municipios que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda podrían tomar medidas para garantizar un mejor acceso a la vivienda para sus ciudadanos, sin depender de la voluntad política de las autonomías.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto de escasez de vivienda pública, con un parque público que representa solo el 2,5% del stock total, y precios disparados que han subido más del 60% en la última década. Ante esta situación, Sumar considera necesario dotar a las entidades locales de herramientas más efectivas para intervenir en el mercado de la vivienda y paliar los efectos de la crisis habitacional que afecta a un gran número de familias y jóvenes en España.
